Consejo de Estado admite demanda de Cabal contra decreto que blinda a Petro
La senadora María Fernanda Cabal celebra la admisión de su demanda contra el controvertido Decreto 0799 de 2025, una norma expedida por el Gobierno Petro que, según juristas, representa un intento de blindaje judicial para el presidente.
En un nuevo capítulo del enfrentamiento institucional entre el Gobierno Petro y los sectores que defienden la Constitución y la independencia judicial, la senadora María Fernanda Cabal logró que el Consejo de Estado admitiera su demanda de nulidad contra el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, expedido por el Ejecutivo para modificar de manera profunda —y para muchos, inconstitucional— la ruta judicial de las tutelas interpuestas contra el Presidente de la República.
“Petro no está por encima de la Constitución y la Ley”, sentenció la congresista en su cuenta de X (antes Twitter), al confirmar la decisión del alto tribunal. La senadora agregó: “Vamos por buen camino”. Y razón no le falta: el simple hecho de que el Consejo de Estado haya admitido la demanda implica que el decreto cumple con las condiciones para ser objeto de control judicial, lo que ya pone en entredicho su legalidad.
El polémico Decreto 0799, firmado por el Ministerio de Justicia el pasado 9 de julio, modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 —norma que regulaba el reparto de tutelas contra autoridades nacionales— y elimina la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer las acciones de tutela dirigidas contra el presidente. Ahora, según el nuevo decreto, estas serán tramitadas por jueces del circuito o de igual categoría. Un cambio que, a ojos de muchos, representa una jugada burda para desarticular los filtros judiciales que controlan el ejercicio del poder presidencial.
“No vamos a permitir que se altere el acceso a la justicia especializada con un decreto inconstitucional que vulnera la Constitución en su artículo 152, para garantizar impunidad a su favor”, expresó Cabal en X, acompañando la publicación con copia de la demanda radicada ante el alto tribunal.
La senadora ha sido tajante: lo que busca este decreto no es otra cosa que facilitar un entorno judicial más favorable para Gustavo Petro, debilitando el control que históricamente ha ejercido el Consejo de Estado —compuesto por magistrados de reconocida experiencia y formación— sobre las actuaciones del Ejecutivo.
El fondo del asunto es de extrema gravedad institucional. Tal como lo establece el artículo 152 de la Constitución, cualquier modificación que afecte los derechos fundamentales y los procedimientos judiciales debe hacerse a través de una ley estatutaria, debatida y aprobada por el Congreso de la República y revisada por la Corte Constitucional. Saltarse este procedimiento mediante un simple decreto reglamentario es, según expertos, legislar en causa propia, una práctica abiertamente contraria a la separación de poderes.
La demanda de Cabal no solo se basa en el principio de legalidad, sino también en el de debido proceso y jerarquía normativa. Al trasladar la competencia a jueces del circuito, el Gobierno estaría disminuyendo la exigencia técnica e independencia necesarias para analizar tutelas contra el primer mandatario, muchas de las cuales podrían estar relacionadas con decisiones críticas en materia de orden público, relaciones internacionales o seguridad nacional.
El Consejo de Estado, en su auto de admisión, dejó claro que la demanda cumple con las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que le abre la puerta no solo a la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos del decreto, sino a anularlo de fondo, en caso de encontrar méritos constitucionales para ello.
Este nuevo episodio deja al descubierto la intención del Gobierno de reestructurar el sistema judicial a su favor y seguir debilitando los contrapesos que todo régimen democrático requiere. Aun cuando la defensa presidencial ha intentado justificar el decreto como una “redistribución de cargas”, el contexto y el momento político revelan que se trata, más bien, de una estrategia desesperada por reducir el alcance de la justicia especializada.
La batalla apenas comienza. Pero con la admisión de la demanda, María Fernanda Cabal le asesta el primer golpe al Gobierno en esta pelea por la legalidad, la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho. El país seguirá atento a lo que decida el Consejo de Estado en los próximos meses, mientras crece la sospecha de que Gustavo Petro no solo pretende gobernar sin Congreso, sino también sin jueces independientes que le exijan rendir cuentas.
