¿Juicio o persecución? El caso Uribe, una herida abierta para la democracia colombiana
María Fernanda Cabal denuncia que el juicio contra Álvaro Uribe es una persecución política disfrazada de legalidad, y alerta que está en juego no solo su libertad, sino la credibilidad de la justicia en Colombia.
En Colombia, la justicia enfrenta su prueba más delicada en años. Lo que se juega en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no es solo la libertad de un hombre, sino la confianza de millones de colombianos en el sistema judicial. Las declaraciones recientes de la senadora María Fernanda Cabal reavivan el debate sobre si el proceso que enfrenta el exmandatario es realmente un juicio o una persecución política disfrazada de legalidad.
“Lo que hoy enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez no es un juicio, es una persecución política camuflada de legalidad”, afirmó Cabal con contundencia en un video publicado este 25 de julio en su cuenta de X. Para la senadora del Centro Democrático, no se trata de aplicar justicia, sino de destruir políticamente al líder que más ha marcado la historia reciente del país.
La declaración llega en la antesala de un fallo judicial que será conocido el próximo lunes 28 de julio. La decisión, que se tomará en primera instancia, podría definir el rumbo del proceso penal contra Uribe, acusado de soborno y fraude procesal por presunta manipulación de testigos. Pero detrás del expediente jurídico hay una batalla mucho más profunda: la del relato histórico.
Un proceso manchado por irregularidades
Según Cabal, lo que se ha evidenciado en estos más de seis años de proceso judicial no es el ejercicio objetivo del derecho, sino una maquinaria diseñada para socavar la imagen y el legado del expresidente. La congresista denuncia interceptaciones ilegales, testigos falsos, filtraciones selectivas a la prensa y una presión mediática sin precedentes. Todo esto, afirma, con el fin de sepultar políticamente a Uribe y borrar su influencia en la vida pública nacional.
“Al presidente Uribe le han vulnerado la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el principio del debido proceso”, asegura Cabal, al calificar el caso como un “montaje vergonzoso”. Para ella, el juicio no solo representa una afrenta a Uribe, sino un “desafío para nuestra democracia” y una amenaza a todo aquel que ose defender ideas como la seguridad, la libertad y el orden institucional.
Y es que la raíz de este proceso es particularmente paradójica: inició en 2012 por una denuncia que Uribe interpuso contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testigos en cárceles para involucrarlo con paramilitares. La Corte Suprema no solo desestimó las acusaciones contra Cepeda, sino que volteó el caso en contra del expresidente.
¿Justicia o venganza política?
El reciente mensaje de Uribe en su cuenta de X lo dice sin rodeos: “Dice el petrismo, si las cosas nos salen como esperamos y condenan a Uribe, Cepeda es nuestro candidato”. La frase deja entrever un cálculo político en medio del proceso judicial, y eso alimenta las sospechas de quienes ven en esta causa una venganza de sectores de izquierda contra el símbolo más poderoso de la derecha colombiana.
No es la primera vez que sectores uribistas denuncian un uso ideológico de la justicia. Para muchos simpatizantes del expresidente, hay una estructura judicial y mediática que opera con un sesgo político, especialmente desde la llegada de Gustavo Petro al poder. En ese sentido, el caso Uribe es visto como el laboratorio perfecto para destruir al “enemigo número uno” del progresismo en Colombia.
El legado en juego
¿Quién es Álvaro Uribe Vélez en la historia reciente del país? Un líder que, para millones, rescató a Colombia del caos. Su política de Seguridad Democrática entre 2002 y 2010 logró reducir los secuestros en más de un 85 % y los homicidios en un 45 %. Bajo su gobierno, el país recuperó la confianza en sus instituciones, en su fuerza pública y en su capacidad de atraer inversión extranjera.
En materia económica, Colombia creció a un promedio del 4,3 % anual durante su mandato. Se pavimentaron más de 10.000 kilómetros de vías, se fortaleció el sector agroindustrial, se firmaron tratados de libre comercio y se modernizó el Estado. Programas sociales como Familias en Acción beneficiaron a más de 2,6 millones de hogares en condición de pobreza.
Ese legado, según Cabal, es precisamente lo que buscan destruir. “Quieren borrar a Uribe de la historia para imponer un modelo contrario a los valores que él defendió: seguridad, propiedad privada, familia y libertad”, advirtió.
Un país que no puede callar
El juicio de Uribe ha polarizado al país, pero lo que está en juego va más allá de una figura política. Si se confirma que el aparato judicial puede ser manipulado para castigar a un adversario ideológico, ¿quién podrá sentirse seguro mañana? ¿Hasta qué punto la justicia se ha contaminado de ideología?
“Colombia no puede caer en el silencio ni en la indiferencia”, sentenció Cabal. “La justicia no puede ser una herramienta de odio”. Y tiene razón: no importa si se ama o se odia a Uribe, el país necesita saber que la justicia actúa en derecho, no por presión política ni por sed de revancha.
Porque si el juicio al expresidente termina siendo un castigo al pensamiento conservador, entonces la democracia no está avanzando, está retrocediendo. Y lo peor: cualquier colombiano podría ser el próximo.
¿Juicio o persecución? La historia está por escribirse, y el lunes comenzaremos a conocer su desenlace.
