La Procuraduría investiga al exalcalde César Germán Roa y al exgerente de Empugigante por firmar contratos de obra y consultoría sin licitación, pese a que la empresa municipal no tenía capacidad técnica ni podía subcontratar, lo que habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Gigante (Huila), César Germán Roa Trujillo, y el exgerente de las Empresas de Servicios Públicos de ese municipio, Wilson Cortés Montaño, por su presunta responsabilidad en anomalías detectadas en la adjudicación de ocho contratos firmados en 2021, por un valor total de $2.399 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, los contratos se habrían suscrito bajo la modalidad de contratación directa, a pesar de que por su naturaleza –obras y consultorías– debieron adjudicarse mediante procesos de selección objetiva, es decir, a través de licitación pública o concurso de méritos, según correspondiera.

Subcontratación prohibida y falta de capacidad técnica

La Procuraduría señala que Empugigante E.S.P., la empresa municipal de servicios públicos encargada de ejecutar los contratos, no contaba con la infraestructura ni experiencia técnica necesaria para asumirlos. No obstante, se le adjudicaron los proyectos, y posteriormente habrían sido subcontratados en su totalidad, pese a que los documentos contractuales prohibían expresamente la cesión o subcontratación.

La entidad de control concluyó que, en la práctica, Empugigante actuó como una intermediaria, adjudicando los recursos a terceros sin contar con las condiciones mínimas requeridas, lo cual, según el auto de cargos, configura una vulneración a las normas de contratación pública.

Falta gravísima con culpa gravísima

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, que lidera el proceso, calificó la presunta conducta del exalcalde Roa Trujillo y del exgerente Cortés Montaño como una falta gravísima cometida con culpa gravísima, y aseguró que ambos habrían infringido principios esenciales de la contratación estatal, como la transparencia, la responsabilidad y la selección objetiva.

“El entonces alcalde acudió a una modalidad contractual no permitida, pues Empugigante no tenía capacidad jurídica, financiera, técnica ni operativa para ejecutar los objetos contractuales. En consecuencia, la entidad subcontrató el 100 % de los contratos, vulnerando el marco normativo”, señala la Procuraduría en el pliego.

Avanza proceso disciplinario

El caso se encuentra en fase de instrucción y, de hallarse responsables, los exfuncionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde la suspensión del ejercicio de cargos públicos hasta la inhabilidad para contrataciones con el Estado.

La ciudadanía en Gigante ha seguido de cerca el proceso, en medio de crecientes cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos durante la pasada administración municipal.

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