Países de la Unión Europea aprueban retraso de ley anti-deforestación
En una decisión que refleja las presiones del sector agrícola y la necesidad de más tiempo para adaptarse a nuevas normativas, los países de la Unión Europea (UE) aprobaron un aplazamiento de 12 meses para la aplicación de la ley anti-deforestación, una pieza clave en su estrategia de transición ecológica.
Este retraso permitirá a los Estados miembros, operadores, comerciantes y países terceros cumplir con las exigencias de diligencia debida, garantizando que los productos comercializados en la UE no estén vinculados a la deforestación.
El Consejo de la UE anunció que la nueva fecha de aplicación para la ley será el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y operadores, mientras que las micro y pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para adecuarse a las normativas. Esta prórroga se otorgó en respuesta a las demandas del sector agrícola global, que advertía sobre la falta de preparación para cumplir con las estrictas obligaciones de trazabilidad, un requisito esencial para demostrar que los productos como la carne, el cacao, el café y otros, no provienen de áreas deforestadas.
Un aplazamiento necesario para el sector agrícola
El sector agrícola, que incluye productos como ganado, cacao, café, soja, madera, caucho y derivados como el cuero o los muebles, había solicitado a la UE más tiempo para implementar los cambios necesarios en sus cadenas de suministro. La normativa original, que debía entrar en vigor el 30 de diciembre de 2024, obliga a las empresas a demostrar que sus productos no contribuyen a la deforestación, utilizando sistemas de trazabilidad y geolocalización para mapear el origen de los cultivos y asegurar prácticas sostenibles.
La decisión del Consejo de posponer la normativa fue bien recibida por las industrias que dependen de estos productos, las cuales señalaron que el tiempo adicional es crucial para evitar disrupciones en el comercio y garantizar que los pequeños productores también puedan cumplir con las exigencias.
“Es un respiro para el sector”, afirmó un portavoz del Consejo. “El objetivo final sigue siendo la protección del medio ambiente, pero también entendemos la importancia de dar tiempo suficiente para que todos los actores involucrados se adapten”.
Preocupaciones de los grupos ambientalistas
Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta decisión. Grupos ambientalistas y organizaciones como Mighty Earth han expresado su preocupación de que el aplazamiento abra la puerta a una posible dilución de la normativa. Isabel Fernández, consultora de la organización, advirtió sobre los peligros de reabrir el articulado de la ley, señalando que podría reducir significativamente el impacto de las políticas ecológicas que ya se habían negociado.
“Este aplazamiento no solo retrasa la acción urgente que necesitamos para detener la deforestación global, sino que también da margen para que se debiliten las regulaciones”, afirmó Fernández. “Nos preocupa que este sea el primer paso hacia una ley mucho menos ambiciosa de lo que se había prometido”.
Mighty Earth y otras organizaciones han pedido a países como España que se opongan al aplazamiento en el Consejo de la UE, y alertan que cualquier modificación en el articulado original podría comprometer los objetivos ecológicos que la ley pretende alcanzar.
Un paso clave en la estrategia climática de la UE
La ley anti-deforestación forma parte del ambicioso paquete de iniciativas políticas de la UE para lograr la neutralidad climática en 2050. Esta normativa tiene como objetivo frenar la deforestación global, que es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, al garantizar que los productos vendidos o exportados desde la UE no contribuyan a la destrucción de bosques.
Con la prórroga, la Comisión Europea busca asegurar que todos los actores, incluidos los pequeños agricultores y operadores, tengan las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones de trazabilidad. Esto incluye la implementación de sistemas de geolocalización para rastrear el origen de los productos y garantizar que no se cultiven en tierras deforestadas.
No obstante, la decisión final sobre el aplazamiento todavía depende del visto bueno del Parlamento Europeo, que actualmente está evaluando la propuesta. Mientras tanto, el sector agrícola respira aliviado, pero la incertidumbre sobre posibles modificaciones futuras sigue siendo una preocupación para ambientalistas que temen que se erosione el impacto de una ley considerada vital para la lucha contra la deforestación.
