Cabal exige justicia por toma violenta en la UNAL y ataques a la fuerza pública
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría los hechos del 16 y 17 de octubre, cuando grupos indígenas y otros colectivos atacaron a la fuerza pública y bloquearon vías en Bogotá.
En un nuevo y contundente acto de oposición al desorden institucional y a la violencia encubierta bajo el nombre de protesta, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General, derivadas de los graves disturbios ocurridos el 16 y 17 de octubre en la Universidad Nacional de Colombia.
Los hechos, que paralizaron el occidente de Bogotá durante casi dos días, involucraron a comunidades indígenas del Congreso de los Pueblos y otros colectivos que ingresaron ilegalmente al campus universitario, bloquearon la Calle 26, afectaron el transporte público y, según los reportes oficiales, atacaron con flechas y objetos contundentes a miembros de la Fuerza Pública, dejando varios uniformados heridos.
“Acabo de radicar una denuncia ante la Fiscalía por estos graves hechos. Aquí haremos que impere la Ley. No más abusos de supuestas minorías que solo vienen a destruir a Bogotá”, afirmó Cabal al anunciar las acciones legales desde el Congreso de la República.
Denuncia penal por violencia y bloqueo
En su denuncia, la senadora pidió que se investigue la presunta comisión de los delitos de perturbación del transporte público, obstrucción de vías, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, argumentando que los manifestantes actuaron con premeditación y con la complicidad de una institucionalidad que, según ella, ha sido permisiva frente a la violencia política de ciertos sectores radicales.
Cabal insistió en que las imágenes difundidas durante los disturbios “evidencian la gravedad del ataque contra los agentes del orden, quienes fueron recibidos con flechas letales, bombas incendiarias y piedras, mientras el rector guardaba silencio y las instalaciones de la universidad se convertían en un fortín de agitadores”.
Queja disciplinaria contra el rector Leopoldo Múnera Ruiz
En paralelo, la senadora presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera Ruiz, por lo que calificó como omisiones graves y negligencia en el manejo de la situación. Según la denuncia, más de 1700 personas permanecieron dentro del campus durante la toma sin protocolos de seguridad ni coordinación con las autoridades.
“La autonomía universitaria no es licencia para violar la ley, ni para convertir la Universidad Nacional en un campamento político o en guarida para la violencia. Bloquear vías, impedir la movilidad de millones y atacar a la Fuerza Pública no es protesta: es delito”, recalcó Cabal.
La senadora recordó que este tipo de ocupaciones han venido repitiéndose con mayor frecuencia desde 2022, amparadas en discursos políticos que, a su juicio, “legitiman la anarquía y fomentan la impunidad”. En su queja, solicitó que la Procuraduría determine la responsabilidad disciplinaria del rector por no haber activado los mecanismos de control internos y permitir que el campus se convirtiera “en un escenario de violencia y vandalismo”.
No más impunidad en nombre de la protesta
El mensaje de Cabal, respaldado por videos y registros de los hechos, apunta a marcar un precedente jurídico y político en medio del debate nacional sobre el abuso de la protesta social y el papel de las universidades públicas frente a la alteración del orden.
“Lo que vimos en la Nacional fue una toma hostil, no una movilización pacífica. Es hora de poner límites. La ley debe aplicarse a todos por igual, sin privilegios para quienes actúan bajo el disfraz de causas sociales”, declaró la congresista.
Su denuncia se enmarca en una serie de llamados que ha hecho desde el Senado para fortalecer la autoridad y recuperar el principio de legalidad frente a los bloqueos, invasiones y actos violentos que —según ella— se han multiplicado bajo el actual gobierno, afectando la seguridad ciudadana, la movilidad y la convivencia en Bogotá.
Contexto y repercusiones
Los disturbios del 16 y 17 de octubre dejaron no solo heridos entre los uniformados, sino también graves daños materiales en la infraestructura universitaria y en el sistema de transporte público. La Policía Metropolitana reportó que se encontraron elementos incendiarios, arcos, flechas y escudos artesanales dentro del campus, lo que evidencia una preparación para el enfrentamiento, más que una manifestación espontánea.
Analistas consultados coinciden en que esta denuncia de Cabal podría abrir un debate sobre los límites de la autonomía universitaria y la responsabilidad del Estado frente al orden público, especialmente en un contexto político en el que el gobierno ha privilegiado el diálogo con movimientos sociales, incluso cuando sus acciones derivan en bloqueos o daños.
Para la senadora, este no es solo un asunto judicial, sino una defensa de los principios democráticos y del derecho de los ciudadanos a vivir en paz. “La autoridad no puede seguir de rodillas ante la violencia. Las universidades deben ser centros de conocimiento, no de confrontación”, sentenció.
