Huila: epicentro silencioso de la crisis carcelaria que desborda a Colombia
Colombia enfrenta un hacinamiento carcelario del 28,6 % y en el Huila llega al 142 %; la precandidata presidencial María Fernanda Cabal propone nuevas prisiones y mano dura contra menores delincuentes.
El sistema penitenciario colombiano atraviesa un colapso que ya no admite maquillajes. De acuerdo con cifras del INPEC, al 23 de septiembre de 2025 la sobrepoblación carcelaria nacional alcanza el 28,6 %, un aumento de 2,1 puntos respecto al año pasado, y en los centros de detención transitoria la cifra es mucho más alarmante: 142,5 %.
Pero detrás de estas estadísticas nacionales, el departamento del Huila se ha convertido en un laboratorio de la crisis, con contrastes que revelan la desigualdad en el manejo penitenciario y un foco de vulneraciones a los derechos humanos que no ha recibido la atención suficiente.
Cárceles de Neiva y Pitalito, por encima del promedio nacional
Los datos de la Defensoría del Pueblo a junio de 2025 muestran que el hacinamiento en los principales centros penitenciarios del Huila supera ampliamente la media nacional. La cárcel de Rivera, en Neiva, registra un 48,5 % de hacinamiento, mientras que la de Pitalito alcanza un 51,8 %. Ambas cifras están casi 20 puntos por encima del promedio nacional, reflejando la presión desbordada que ejercen las cabeceras judiciales sobre la infraestructura carcelaria.
Aunque la cárcel de Rivera presenta una leve mejoría frente al 59 % reportado en 2022, los expertos advierten que las medidas de descongestión aplicadas son apenas paliativos. En contraste, los centros de La Plata (19,7 %) y Garzón (10,6 %) muestran niveles bajos de sobreocupación, lo que abre la discusión sobre la posibilidad de reubicar internos para aliviar la presión en Neiva y Pitalito.
Centros de detención transitoria: el infierno invisible
La verdadera tragedia del Huila no se vive en las cárceles permanentes, sino en los centros de detención transitoria y estaciones de Policía, que se han transformado en prisiones improvisadas donde las condiciones son aún más degradantes.
En Neiva, el CDT Bodegas de Alpina presenta un 185 % de hacinamiento, casi el doble del promedio nacional en este tipo de centros. El panorama se agrava si se compara con abril de 2023, cuando la sobreocupación era del 114 %, lo que revela un deterioro acelerado.
La situación es igual de crítica en el CAI Barrio Bogotá, destinado a mujeres, donde el hacinamiento llega al 167 %. Este dato evidencia una vulnerabilidad particular de las reclusas, que coincide con lo que ocurre a nivel nacional: la cárcel de mujeres en Bogotá registra un 40,85 % de hacinamiento y en el Cesar la cifra asciende a un escandaloso 140 %.
Estos lugares, diseñados para albergar detenidos por lapsos de 36 horas, hoy retienen personas por semanas e incluso meses, algunas de ellas ya condenadas. Se trata de una violación flagrante a los derechos humanos que, según la Defensoría y organizaciones de derechos, perpetúa tratos inhumanos y degrada cualquier posibilidad de resocialización.
Una política criminal que no previene el delito
El académico Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, advierte que el hacinamiento es apenas la superficie de un problema estructural:
“Las cárceles colombianas no resocializan y, en muchos casos, impulsan carreras criminales. El aumento de penas no previene el delito. Lo que vemos en el Huila es un síntoma de una política criminal que ha optado históricamente por la represión y no por la prevención”.
Escobar recuerda que en el país 4.318 personas privadas de la libertad son analfabetas y apenas 1.374 están vinculadas a programas de alfabetización. “Si la mayoría de los reclusos provienen de sectores históricamente excluidos, ¿qué resocialización se les ofrece encerrándolos en condiciones infrahumanas?”, cuestiona.
La visión política: Cabal propone nuevas cárceles y juzgar a menores como adultos
Mientras expertos académicos insisten en que la solución no está en construir más cárceles, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal sostiene lo contrario. En entrevista con Infobae Colombia, aseguró que el país debe apostarle a un modelo de alianza público-privada para edificar nuevas prisiones con mejores estándares tecnológicos y de control, evitando así que las cárceles sigan convertidas en “centros de mando criminal”.
“Hace años no se construyen cárceles. Se debe calcular el costo de un preso y qué puede subsidiar el Estado. Así evitamos depender de una entidad como el Inpec, cuestionada por corrupción”, dijo Cabal, al proponer un esquema de gestión que permita modernizar el sistema penitenciario.
La senadora fue más allá al plantear que menores de 13 o 14 años que cometan delitos propios de adultos deben ser juzgados como adultos, como ya ocurre en Argentina. Una postura que ha generado debate, pues mientras algunos sectores la consideran necesaria ante el aumento de la criminalidad juvenil, otros la ven como una medida regresiva frente a los estándares internacionales de protección de la niñez.
Cabal defendió su posición con un argumento tajante:
“¿La forma de ‘salir adelante’ es matar a alguien? No se puede ser buenista con un acto criminal. Pobrecita es la víctima. Al menor se le ofrece la oportunidad de corregirse, pero también se le castiga. Eso se llama orden y autoridad”.
Huila, espejo de un colapso nacional
La situación del Huila no es un hecho aislado, sino el reflejo del colapso que vive Colombia. A nivel nacional, la población privada de la libertad en establecimientos carcelarios alcanza 104.395 personas, cuando la capacidad instalada es de 81.139. En las estaciones de Policía y URI, diseñadas para 9.687 detenidos, hoy permanecen 20.889.
El caso del Huila desnuda las grietas de un sistema que no logra contener ni prevenir el delito. Mientras Neiva y Pitalito colapsan, los CDT se convierten en antros de violación a los derechos humanos y las mujeres encarceladas cargan con un doble abandono del Estado.
La crisis penitenciaria ya no admite discursos de coyuntura ni soluciones improvisadas. Entre las propuestas académicas que llaman a una política criminal restaurativa y las voces políticas que apuestan por más cárceles y mayor rigor punitivo, Colombia se encuentra ante una encrucijada. Lo que está en juego no es solo la dignidad de quienes están tras las rejas, sino la capacidad del Estado de garantizar justicia y seguridad en un país que parece condenado a repetir sus errores.
