Hora cero para Colombia: Estados Unidos definirá hoy la certificación antidrogas
La decisión de Washington definirá si Colombia mantiene la cooperación clave en seguridad e inteligencia o enfrenta sanciones que podrían golpear su economía y su relación estratégica con Estados Unidos.
Este 15 de septiembre de 2025 se cumple un momento decisivo para Colombia. Washington anunciará si certifica o no al país en la lucha contra las drogas, un proceso que no es meramente diplomático, sino una obligación legal enmarcada en la Sección 706 de la Ley de Relaciones Exteriores de 1961 (Foreign Assistance Act, FAA).
La normativa obliga al presidente de Estados Unidos a informar al Congreso si los principales países productores o de tránsito de drogas han cooperado “plena y sustancialmente” en la lucha contra el narcotráfico. La descertificación conllevaría sanciones de peso: suspensión de asistencia militar y de seguridad, congelamiento de programas sociales financiados con cooperación internacional e, incluso, restricciones en materia financiera.
Colombia en el punto de mira
Colombia, históricamente uno de los mayores receptores de apoyo estadounidense en la lucha contra las drogas, enfrenta hoy un escrutinio más severo que en años anteriores. Las cifras de cultivos ilícitos se mantienen en niveles récord y, en paralelo, las tensiones políticas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump han marcado un ambiente de desconfianza mutua.
Desde Washington, congresistas republicanos y voceros de la Casa Blanca han insistido en la necesidad de “acciones más rigurosas” por parte de Bogotá, reclamando mayores resultados en reducción de cultivos y control de las rutas del narcotráfico.
La estrategia del gobierno Petro
Consciente de los riesgos, el gobierno colombiano ha buscado un difícil equilibrio entre la defensa de la soberanía nacional y el envío de señales de cumplimiento hacia Estados Unidos. El presidente Petro, en varios mensajes en redes sociales, ha destacado incautaciones históricas de cargamentos de cocaína y ha insinuado la posibilidad de reactivar herramientas controvertidas como las aspersiones aéreas con glifosato, suspendidas desde hace años por razones ambientales y de salud pública.
Al interior del gabinete, las voces se dividen. Mientras sectores progresistas rechazan cualquier regreso al glifosato, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha advertido que una descertificación sería un “golpe devastador” no solo para Colombia, sino también para los propios intereses de Estados Unidos, dada la importancia geoestratégica del país en las rutas del narcotráfico hacia el norte.
¿Qué está en juego?
De no obtener la certificación, Colombia podría enfrentar un escenario complejo:
- Recorte de cooperación bilateral: se reduciría la asistencia en inteligencia y operaciones antidrogas.
- Sanciones financieras: posibles bloqueos o restricciones en el acceso a créditos internacionales.
- Impacto económico: el riesgo país podría aumentar, afectando la llegada de inversión extranjera.
- Debilitamiento institucional: la falta de apoyo externo pondría más presión sobre fuerzas armadas y autoridades locales en territorios dominados por economías ilícitas.
El anuncio de Washington marcará un punto de inflexión. Una certificación condicionada podría interpretarse como un “voto de confianza vigilado”, mientras que una descertificación representaría una ruptura sin precedentes en una relación de más de dos décadas de cooperación antidrogas.
Hoy, la atención internacional está puesta en la Casa Blanca y en cómo la decisión de Estados Unidos definirá el rumbo inmediato de la política antidrogas en Colombia.
