La burla del sistema: el calvario de las víctimas en un proceso judicial interminable
El asesinato de Esteban Urueta y sus trabajadores destapa la fragilidad de la justicia: para María Fernanda Cabal, las audiencias aplazadas son una burla a las víctimas y una señal de impunidad.
La justicia en Colombia, una y otra vez, se muestra coja. La reciente suspensión de la audiencia por el brutal triple homicidio del ganadero Esteban Urueta y sus trabajadores, Gerardo de los Santos Marzola y Fredys Manuel Beleño Acosta, no es un hecho aislado, sino un reflejo doloroso y crudo de un sistema que parece favorecer a los criminales y revictimizar a quienes claman por justicia. La espera, la indignación y la sensación de impunidad se han convertido en el pan de cada día para las familias de las víctimas, que ven cómo la estrategia dilatoria de la defensa de los acusados, amparada por las propias fallas del aparato judicial, diluye la esperanza de un veredicto.
Este no es un simple tropiezo burocrático. Es un golpe directo a la confianza ciudadana, un eco amargo de lo que muchos colombianos sienten a diario: que la ley es un escudo para los delincuentes, no una espada para proteger a los inocentes. La historia de Urueta y sus empleados, asesinados y enterrados en una fosa en Chimá, Córdoba, es una tragedia que se extiende más allá de la barbarie del crimen. Se ha transformado en un calvario judicial, donde la verdad y la justicia parecen ser mercancías inalcanzables.
Un laberinto de aplazamientos: la táctica de la impunidad
La más reciente suspensión de la audiencia, programada para el 29 de agosto, fue solicitada por el abogado defensor, Lesmer Quintero Argel, quien argumentó que debía asistir a otra diligencia. Una excusa que, si bien puede ser legalmente válida, se repite con una frecuencia sospechosa, confirmando lo que los familiares de las víctimas han denunciado desde el inicio del proceso: una clara estrategia de dilación. Los acusados, Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, enfrentan cargos graves: homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y destrucción de elementos probatorios. Sin embargo, en lugar de enfrentar el juicio, ganan tiempo, mientras el dolor de las familias se perpetúa en una espera interminable.
Esta situación reabre un debate fundamental y persistente en el país: ¿dónde termina el derecho a la defensa y dónde comienza el abuso procesal? El Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004) establece garantías para los acusados, pero también subraya el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, en casos como este, el equilibrio se rompe. La reiterada aceptación de estas solicitudes de aplazamiento por parte de los jueces no solo genera una percepción de impunidad, sino que, en la práctica, se convierte en un mecanismo de revictimización. Las familias de las víctimas no solo han perdido a sus seres queridos, sino que ahora deben soportar la frustración y la impotencia de un sistema que parece darles la espalda.
Una indignación que se politiza: el eco de una crítica recurrente
La indignación ante este caso no ha pasado desapercibida en la esfera política. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal ha utilizado la situación como un ejemplo de lo que, a su juicio, está mal en Colombia. A través de un video, Cabal criticó duramente la “complicidad por omisión” de la justicia y la falta de garantías para las víctimas. Sus palabras, que resuenan con un sector de la opinión pública cansado de la criminalidad, son un reflejo de un descontento generalizado.
“La justicia no puede seguir siendo cómplice del crimen por omisión. Mientras los victimarios dilatan, las víctimas cargan con la burla del sistema”, afirmó la senadora, prometiendo que “en mi gobierno eso no pasará” y que la ley “protegerá a las víctimas, no a los bandidos”.
Si bien la declaración de Cabal puede ser vista como una jugada política, su mensaje conecta directamente con el sentimiento de frustración de la ciudadanía. El caso Urueta, que conmocionó a los ganaderos de Sucre y Córdoba, y a los más de 700,000 productores agremiados en Fedegán, se convierte en un símbolo de la lucha contra la impunidad. La crítica no es solo hacia un juez o un abogado en particular, sino hacia un sistema que ha demostrado ser lento, ineficiente y, en ocasiones, demasiado indulgente con aquellos que quiebran la ley.
La larga espera de las víctimas: un clamor sin respuesta
El asesinato de Esteban Urueta y sus trabajadores no fue un hecho aislado. Está vinculado a una red criminal de abigeato que ha afectado a un sector productivo clave en el Caribe colombiano. La impunidad en este caso no solo golpea a una familia, sino que envía una señal peligrosa a la criminalidad: que es posible cometer crímenes atroces y, a través de artimañas legales, evitar el castigo.
Las familias de las víctimas, amigos y el gremio ganadero esperan que el próximo 3 de octubre, fecha en que se ha reprogramado la audiencia, la justicia se sacuda de la inercia y actúe con la firmeza que el caso exige. Ya no se trata solo de un proceso judicial, sino de un pulso entre la ley y la impunidad, entre la esperanza de las víctimas y la burla de los victimarios. Es un momento crucial para el sistema judicial colombiano, que debe demostrar si está del lado de los ciudadanos de bien o si, por el contrario, seguirá siendo un cómplice silencioso de la injusticia.
¿Podrá la justicia colombiana romper el círculo vicioso de la dilación y la impunidad, o las familias de Urueta, de los Santos Marzola y Beleño Acosta, como tantas otras en el país, seguirán esperando por un veredicto que nunca llega? La respuesta definirá, una vez más, el verdadero rostro de la justicia en Colombia.
