Gobierno improvisa con los pasaportes: Cancillería e Imprenta confirman el caos en respuestas a Cabal
Desde el 1 de septiembre, Colombia entraría en una parálisis de emisión de pasaportes. Cabal denuncia una “chambonada monumental” sin precedentes, con graves consecuencias para los ciudadanos y responsabilidades políticas en la Cancillería.
Con documentos en mano y tras recibir respuesta a dos Derechos de Petición enviados a la Cancillería y a la Imprenta Nacional, la senadora María Fernanda Cabal volvió a encender las alarmas sobre una crisis inminente que podría dejar a Colombia sin la capacidad de emitir pasaportes a partir del próximo 1 de septiembre.
En un contundente pronunciamiento público, la líder opositora calificó el manejo del tema como una “farsa más” del gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de improvisar, mentir y jugar con los derechos fundamentales de los colombianos.
A través del hashtag #ColombiaSinPasaporte, la congresista denunció que la supuesta transición de la fabricación de pasaportes a la Imprenta Nacional no solo está cargada de opacidad, sino de decisiones técnicas irresponsables que podrían desencadenar en un caos logístico y humanitario.
“De manera mentirosa han dicho que todo va bien, pero quiero demostrar cómo esta es otra farsa más en medio de la improvisación del gobierno Petro”, advirtió la aspirante presidencial visiblemente indignada.
No hay acuerdo con Portugal, ni capacidad en Colombia
Uno de los puntos más graves revelados por la senadora es que la Cancillería admitió que no existe ningún acuerdo comercial vigente con Portugal, país que había sido mencionado como eventual proveedor de libretas para pasaportes.
En su lugar, el Gobierno ha trasladado la responsabilidad a la Imprenta Nacional, una entidad cuya misión no contempla la expedición de pasaportes y que, según inspección de la Procuraduría, no tiene la capacidad técnica ni operativa para asumir esa función.
Peor aún, la Imprenta —en su respuesta a Cabal— no pudo certificar que cuenta con la infraestructura necesaria y se limitó a afirmar que está “en fortalecimiento”, una expresión que para la senadora “es apenas un eufemismo para justificar el desorden, el desgobierno y la improvisación en una entidad que nunca fue diseñada para esa tarea”.
Filas interminables, sistema caído y negligencia
Mientras tanto, la situación en las oficinas de pasaportes es cada vez más caótica. Aunque la Cancillería negó que haya fallas en el sistema de agendamiento de citas, las denuncias de ciudadanos en todo el país desmienten esa afirmación.
Miles de personas han hecho filas durante horas, en algunos casos días, para poder renovar o tramitar su pasaporte, y muchas han reportado que el sistema les cancela las citas por supuestos “errores técnicos”.
Cabal fue más allá al cuestionar una grave insinuación hecha por la jefa de Gabinete Laura Sarabia:
“¿Es verdad, como lo dijo Laura Sarabia, que Alfredo Saade pidió ralentizar la entrega de citas?”, preguntó con tono crítico la senadora, exigiendo una investigación inmediata.
Este señalamiento, de ser cierto, configuraría una acción deliberada para manipular el acceso de los ciudadanos a un documento esencial, lo cual tendría profundas implicaciones legales y políticas.
Sin personal ni preparación técnica
Otro punto alarmante tiene que ver con la falta de personal capacitado en la Imprenta Nacional para llevar a cabo la emisión de pasaportes. Según la respuesta a Cabal, no existe entrenamiento previo ni tecnología de punta instalada.
La entidad simplemente espera cumplir esta nueva función impuesta por decreto, sin tener experiencia ni experticia, y lo que es más grave, sin una hoja de ruta clara.
“Esta chambonada, monumento a la mediocridad e improvisación, debe tener consecuencias legales contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y la actual canciller, que llegó al cargo sin experiencia y sin dominio básico del inglés”, declaró Cabal con tono de denuncia.
¿Una crisis fabricada?
El cambio en la contratación de la fabricación de pasaportes —antes en manos de Thomas Greg & Sons— ha estado rodeado de polémica, demandas judiciales y acusaciones cruzadas.
Pero más allá de las disputas contractuales, la senadora insiste en que el verdadero problema es la irresponsabilidad con la que se está manejando una política pública de impacto nacional.
La incapacidad del gobierno para garantizar la continuidad del servicio podría dejar a cientos de miles de colombianos —en su mayoría trabajadores, estudiantes y migrantes— sin posibilidad de salir del país, renovar visas, o atender emergencias familiares y laborales.
Exige acción del Congreso y entes de control
Cabal hizo un llamado urgente al Congreso de la República para citar a debate de control político a la canciller y a los responsables del desastre. También exigió que la Procuraduría y la Contraloría investiguen con rigor lo que parece ser una operación estatal fallida, que podría derivar en responsabilidades disciplinarias y penales.
“No estamos hablando de un trámite menor. Estamos hablando del derecho de los colombianos a tener acceso a un documento que garantiza su movilidad internacional y su dignidad. El gobierno Petro no puede seguir destruyendo la institucionalidad a punta de improvisaciones y mentiras”, concluyó.
