Reforma tributaria de Petro: ¿estabilidad fiscal o golpe al consumo?
El Gobierno busca 26,3 billones de pesos en nuevos impuestos para financiar un presupuesto cuestionado, mientras gremios y oposición advierten un duro golpe al consumo y a la confianza económica.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica económica con la radicación de una nueva reforma tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación del 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el proyecto ante el Congreso asegurando que la iniciativa es “responsable” y pretende garantizar la estabilidad fiscal del país. Sin embargo, desde ya enfrenta un ambiente político adverso y críticas de gremios, congresistas y precandidatos presidenciales que ven en la propuesta un riesgo para el bolsillo de los colombianos y la competitividad empresarial.
“Con la radicación, cumplimos con el compromiso de que el proyecto de ley de presupuesto se tramite y se discuta paralelamente con la ley de financiamiento. Esperamos un debate serio y responsable”, dijo Ávila al entregar el articulado.
Un golpe transversal de impuestos
El proyecto incluye una serie de medidas que afectan directamente a hogares y empresas. En materia de IVA, se gravan los juegos de suerte y azar con tarifa del 19 %, salvo loterías, se elimina la tarifa preferencial del 5 % para vehículos híbridos y se quitan exenciones para el turismo receptivo. También se plantean cambios drásticos en combustibles: desde 2026 empezará a aplicarse un esquema de IVA gradual a la gasolina, ACPM y biocombustibles, lo que encarecería el transporte y por ende el costo de los alimentos.
En impuesto de renta, la propuesta eleva la tarifa marginal hasta el 41 % para las rentas más altas, incrementa el gravamen sobre ganancias ocasionales al 30 % y reduce el umbral del impuesto al patrimonio, lo que duplicaría el número de contribuyentes alcanzados. A nivel empresarial, se mantiene la línea de imponer sobretasas a entidades financieras y al sector extractivo, sumando un impuesto especial para petróleo y carbón.
Otros cambios incluyen la unificación de impuestos al consumo de alcohol, cervezas y licores con una tarifa de IVA del 19 %, la ampliación de gravámenes a tabaco, vapeadores y cigarrillos electrónicos, y un impuesto del 19 % a boletas de conciertos, eventos deportivos y culturales cuyo valor supere los 500.000 pesos.
Un presupuesto inflado y sin consenso político
Más allá de los puntos técnicos, la gran discusión radica en la viabilidad política. La reforma nace amarrada a un presupuesto nacional de 557 billones de pesos que tiene un faltante de 26,3 billones. Según el presidente del Senado, Lidio García, no existe ambiente en el Congreso para aprobar una tributaria tan cercana a las elecciones de 2026.
“No veo el ambiente político para una nueva tributaria. Lo responsable es ajustar el presupuesto en comisiones económicas y que el país vea esa discusión”, advirtió García.
El Centro Democrático también criticó la estrategia del Ejecutivo. El representante Christian Garcés fue enfático: “El Congreso le dijo al Gobierno que no quiere más presupuestos inflados. No aceptaremos decretazos en una dictadura fiscal antidemocrática”.
No es la primera vez que ocurre. En 2024, el Gobierno presentó un presupuesto con un déficit de 12 billones que terminó resolviendo vía decreto. Este año, el desbalance se duplica y se combina con la activación de la cláusula de escape, que permite al Ejecutivo saltarse las metas fiscales hasta por tres años. El déficit de 2025 cerrará en 7,1 % del PIB y para 2026 se proyecta en 6,2 %, cifras que ponen a Colombia en un escenario de riesgo crediticio.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que el ajuste requerido debería ser de 45,4 billones, casi el doble de lo que busca esta reforma, lo que abre un interrogante mayor: incluso si se aprueba, ¿será suficiente para estabilizar las finanzas públicas?
Fenalco: “una bomba de tiempo para el bolsillo”
El gremio del comercio reaccionó con dureza. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el Gobierno intenta disfrazar la reforma como una “ley de financiamiento” cuando en realidad es un paquete de impuestos indiscriminados.
“En vez de ajustar el gasto, el Ejecutivo propone un presupuesto con un hueco de 26,3 billones que pretende cubrir con más impuestos a las familias y al comercio formal. Los efectos serían devastadores”, afirmó Cabal.
El dirigente gremial detalló los puntos más sensibles:
- Eliminar beneficios a vehículos híbridos, un retroceso en la transición energética.
- Incrementar impuestos a cerveza, licores y cigarrillos, incentivando el contrabando.
- Gravar la cultura y el deporte, encareciendo conciertos y espectáculos.
- IVA a parqueaderos y zonas comunes en centros comerciales, golpeando al comercio.
- Carga extra a gasolina y ACPM, que encarece transporte y alimentos.
- Sobrerregulación a fintech y criptomonedas, que frena la innovación.
“Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Es una bomba de tiempo para el bolsillo de todos y para la economía nacional. El Congreso debe archivarlo”, concluyó.
María Fernanda Cabal: “el doble discurso ambiental”
La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, se unió a las críticas, enfocándose en lo que calificó como una contradicción ambiental del Gobierno.
“Petro, ecópata y mitómano: predica sobre el cambio climático y presume de ambientalista, pero en su reforma ataca directamente a los vehículos híbridos. Propone eliminar el beneficio que les permitía pagar solo el 5 % de IVA y pasarlos al 19 %. Es el doble discurso de siempre: dice proteger el medio ambiente mientras castiga la transición tecnológica”, señaló.
Para la congresista, este tipo de medidas no solo encarecen la movilidad sostenible, sino que también muestran la falta de coherencia de un Gobierno que ha hecho de la narrativa climática una de sus banderas internacionales.
El debate que viene
El pulso que se abre en el Congreso será determinante. El Gobierno sostiene que la tributaria es indispensable para sostener el gasto social y evitar un deterioro mayor de la deuda pública. Sin embargo, la oposición política, los gremios y amplios sectores ciudadanos temen que la reforma se traduzca en menor consumo, caída de la competitividad y un golpe al ya debilitado tejido empresarial.
La discusión pondrá a prueba el margen de maniobra de Petro en la recta final de su mandato y servirá como termómetro electoral de cara a 2026. En juego no solo está el futuro de la regla fiscal, sino la confianza en un modelo económico que parece atrapado entre la necesidad de recaudar más y la incapacidad de ajustar el gasto.
Al final, la pregunta es inevitable: ¿necesita Colombia otra reforma tributaria o un rediseño profundo del tamaño y la eficiencia del Estado?
