Petro denuncia penalmente a su excanciller Álvaro Leyva por presunta instigación en atentado contra Miguel Uribe
El presidente Gustavo Petro acusa a su excanciller Álvaro Leyva de haber contribuido, con declaraciones sobre “Iván Márquez” en 2023, a un clima de polarización que desembocó en el atentado contra el senador Miguel Uribe.
En un hecho que genera gran controversia política y jurídica, el presidente Gustavo Petro, a través de su abogado, interpuso una denuncia penal contra su excanciller Álvaro Leyva Durán, acusándolo de haber instigado indirectamente el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025.
La acusación se basa en declaraciones que Leyva realizó en agosto de 2023, cuando aseguró públicamente que el líder de las disidencias de las FARC, “Iván Márquez”, estaba vivo, pese a que en ese momento se difundían versiones sobre su presunta muerte.
Según el documento presentado ante la justicia, estas afirmaciones “excedieron las funciones de Leyva” y “anticiparon una narrativa de violencia política” que, según Petro, guarda relación con el ataque perpetrado contra Uribe por una facción armada vinculada a Márquez.
Un antecedente que, según Petro, abonó el terreno para la violencia
En la denuncia, el presidente cita doctrina del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, la cual sostiene que “la validación discursiva de líderes insurgentes por funcionarios públicos puede operar como una garantía informal de impunidad”. Esto, argumenta Petro, alimenta la percepción de que estructuras armadas ilegales siguen vigentes y podría interpretarse como un favorecimiento indirecto a estos grupos.
Aunque reconoce que este hecho no constituye por sí mismo un delito directo, la denuncia plantea que sí podría reforzar una hipótesis de instigación a delinquir, al contribuir a un clima de “polarización violenta” que terminaría facilitando actos como el atentado contra Miguel Uribe.
Impacto diplomático y simbólico
El documento judicial también señala que las declaraciones de Leyva “generaron confusión diplomática” y “legitimaron simbólicamente a un actor armado ilegal”, lo que, según Petro, afectó la credibilidad del Estado colombiano en materia de seguridad y debilitó su postura frente a la comunidad internacional.
La denuncia se suma a la ya tensa relación política entre Petro y Leyva, marcada por diferencias en la conducción de la política exterior y en la implementación de los diálogos de paz con grupos armados ilegales.
Por ahora, la Fiscalía deberá decidir si abre una investigación formal contra el exministro, un proceso que podría reavivar el debate sobre los límites de las declaraciones públicas de los funcionarios y su posible incidencia en la violencia política del país.
