Expertos advierten sobre propuesta presidencial de constituyente
Exmagistrados de la Corte Constitucional alertaron sobre el uso de la consulta popular como atajo político sin control previo de constitucionalidad.
La posibilidad anunciada por el presidente de la República de convocar una asamblea constituyente mediante un mecanismo similar al de la Séptima Papeleta fue calificada como “jurídicamente inviable” y como una amenaza a la estabilidad institucional. Así lo señalaron reconocidos exmagistrados y expertos constitucionalistas durante el panel “La consulta popular en la mira: problemas constitucionales y retos institucionales”, que realizó la Universidad del Rosario, en el que coincidieron en advertir que se está instrumentalizando la participación ciudadana con fines políticos, sin el debido sustento legal ni los controles necesarios.
El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Antonio Lizarazo fue contundente: “Estamos bajo la amenaza de un proyecto autoritario que ya está en ejecución. Si no lo enfrentamos desde la ciudadanía, Colombia se va a arrepentir”. En una intervención enérgica, señaló que el gobierno ha abandonado su deber de gobernar para dedicarse exclusivamente a la campaña, y alertó sobre el riesgo de que el país repita los errores de regímenes autoritarios en la región.
Luis Guillermo Guerrero, también exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, afirmó que el problema no es la figura de la constituyente en sí misma, la cual está prevista en la Carta del 91 como una herramienta democrática legítima, sino el intento de activarla por fuera del cauce institucional. “La propuesta del presidente es inviable jurídicamente. El mecanismo está previsto en la Constitución, pero debe pasar por una ley del Congreso con mayoría calificada. Pretender eludir ese camino provoca una reacción institucional legítima”, sostuvo.
Guerrero recordó que la Constitución no prohíbe la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero establece expresamente las condiciones bajo las cuales puede hacerse, incluida la aprobación de una ley formal y una consulta al pueblo. Alertó que saltarse esos pasos debilita la legitimidad del proceso y erosiona el principio de separación de poderes. “El problema no es la constituyente. Es la forma, es la manera. Si el Ejecutivo decide imponerla por fuera del procedimiento establecido, se rompe el equilibrio institucional y se genera un pulso político innecesario con el Congreso y otras ramas del poder público”, concluyó.
Desde una perspectiva crítica, el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares opinó que la papeleta constituyente podría tener más un objetivo electoral que jurídico: “Lo que quiere Petro es un gancho para su lista al Senado. Todos sabemos que esa papeleta no va para ningún lado desde el punto de vista legal, pero sí puede movilizar votos”. Añadió que, en todo caso, el tema de competencias debe ser examinado a fondo tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.
María Andrea Calero Tafur, conjuez del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral y profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, analizó el tema del control a los actos políticos desde la perspectiva contencioso-administrativa. Explicó que, si bien este tipo de decisiones han sido tradicionalmente excluidas del escrutinio judicial, el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CEPACA) amplió la competencia de la jurisdicción para conocer de dichos actos, siempre que se haga a través de los medios de control ya establecidos.
Advirtió, sin embargo, que ese control no puede extenderse a valoraciones políticas o de conveniencia, sino limitarse estrictamente a sus elementos jurídicos. “Si concluimos que un concepto negativo lleva intrínseca una decisión de conveniencia, tampoco puede hacerse un control integral, sino única y estrictamente en cuanto a sus ingredientes jurídicos”, subrayó. Su intervención planteó un llamado a interpretar cuidadosamente los alcances del control judicial, especialmente cuando se trata de decisiones del Ejecutivo que buscan evadir los cauces constitucionales.
En esa misma línea, Martha Sáchica, exsecretaria de la Corte Constitucional y profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, recalcó que el control de constitucionalidad no puede entenderse como una simple formalidad, sino como una salvaguarda democrática fundamental. En su intervención, destacó que todo ejercicio de participación ciudadana debe estar enmarcado por el conocimiento jurídico, la deliberación informada y el respeto a los procedimientos establecidos. “La participación no puede desligarse del contexto, del conocimiento y de las consecuencias jurídicas”, afirmó, subrayando el papel de las universidades en formar ciudadanía crítica. También advirtió que trivializar los mecanismos de reforma o ignorar las formas previstas por la Constitución puede socavar la legitimidad del orden institucional: “El desconocimiento de las formas puede erosionar el pacto constitucional”.
Por su parte, el profesor Héctor Rojas, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, propuso una reflexión desde la teoría constitucional contemporánea. Cuestionó la ligereza con la que se habla de convocar una asamblea constituyente desde el Ejecutivo, señalando que este tipo de propuestas, cuando no provienen del pueblo sino del poder gubernamental, envían señales equivocadas sobre la estabilidad del pacto constitucional. “Si voy a remodelar la cocina, no tumbo toda la casa”, expresó gráficamente, para ilustrar la desproporción de acudir al mecanismo más intrusivo sin agotar antes las vías ordinarias de reforma.
Agregó que uno de los principios fundamentales de toda Constitución es su vocación de permanencia, con procedimientos reforzados precisamente para evitar que sea manipulada según las coyunturas políticas del momento. “Las constituciones están hechas para durar. Deben poder evolucionar, sí, pero con criterios jurídicos claros y deliberación democrática seria”, concluyó.
El panel fue moderado por Cristina Pardo Schlesinger, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien abrió la discusión subrayando la importancia de preservar el equilibrio entre democracia participativa y seguridad jurídica.
El evento se llevó a cabo en el Auditorio Jockey de la Universidad del Rosario con palabras de bienvenida de la rectora Ana Isabel Gómez, quien afirmó: “La Universidad tiene el deber de propiciar estos encuentros en los que el conocimiento y la experiencia jurídica se ponen al servicio del país”.
La jornada reafirmó el compromiso de la Universidad del Rosario con el análisis riguroso y plural de los grandes debates jurídicos que atraviesan la democracia colombiana. Como institución formadora de juristas, la Universidad promueve espacios de discusión crítica en los que confluyen la experiencia, el conocimiento académico y la reflexión colectiva sobre el presente y el futuro del Estado de derecho. Estos encuentros no solo enriquecen la formación de los estudiantes, sino que también aportan al fortalecimiento institucional del país desde el ámbito universitario.
