Por: Steven Augusto Palacios Jimenez

La representante a la Cámara por Arauca, Lina Garrido, ha ganado notoriedad nacional con su discurso firme y confrontacional. Sin embargo, mientras se presenta como una cara nueva de la política, su historia familiar revela un pasado profundamente cuestionable: su padre, el licenciado Jesús Hernando Garrido Boscán, fue inhabilitado por corrupción y retirado del cargo por irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Mediante el Decreto 529 de 2018, la Gobernación de Arauca lo retiró del servicio como directivo docente luego de que la Contraloría General de la República lo hallara responsable fiscalmente en fallos de primera y segunda instancia. La sanción incluía inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. A pesar de esto, una tutela lo devolvió a las aulas en 2019, dejando en evidencia cómo el sistema permite que quienes han cometido faltas graves regresen sin mayores consecuencias.

Ahora, es su hija quien ocupa una curul en el Congreso. Para muchos, no es coincidencia, sino un caso claro de reproducción del poder político desde estructuras marcadas por la corrupción. Lina Garrido se proyecta como figura emergente, pero carga sobre los hombros un linaje que ha estado relacionado con decisiones administrativas irregulares y beneficios institucionales cuestionables.

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