El Gobierno Nacional la adquirió para entregarla a comunidades indígenas, sin garantizar un plan de conservación, lo que ha generado preocupación entre ambientalistas. La falta de seguridad y la inacción estatal permitieron el desplazamiento de sus legítimos protectores, poniendo en riesgo la biodiversidad de este santuario natural.
La emblemática reserva natural Meremberg, la primera reconocida en Colombia como parte de la sociedad civil, ha dejado de ser un bastión ambiental para convertirse en moneda de cambio en las políticas del Gobierno de Gustavo Petro. La familia Büch, que durante décadas luchó contra viento y marea para proteger este santuario ecológico, se vio obligada a vender el terreno debido a las constantes amenazas y extorsiones de grupos al margen de la ley.
Sin que se haya garantizado un plan de conservación claro, el Gobierno Nacional compró estas tierras para entregarlas a comunidades indígenas de la región. La decisión ha desatado una fuerte controversia, pues en lugar de destinar la reserva a la protección ambiental, se priorizó una política de redistribución de tierras sin asegurar que el ecosistema se preserve.

Meremberg, hogar de especies únicas y refugio de aves migratorias, representaba un modelo de conservación privado en Colombia. Sin embargo, la falta de seguridad en la zona y la inacción del Estado frente a la criminalidad hicieron inviable su continuidad. “El Gobierno debió comprarla con fines de conservación, no como un simple acto de entrega de tierras. ¿Dónde está el plan para garantizar que no se pierda esta joya ambiental?”, cuestionan expertos en biodiversidad.
El abandono estatal permitió que la violencia desplazara a los legítimos protectores de la reserva, quienes, acosados por el crimen, se vieron forzados a vender. Ahora, el país enfrenta la incertidumbre de si este santuario natural será protegido o si, como tantas otras tierras entregadas sin planeación, terminará fragmentado, deforestado y en manos de nuevos actores ilegales.
El caso Meremberg es una advertencia sobre la fragilidad de la conservación en Colombia y el fracaso del Estado en garantizar la seguridad de quienes protegen los recursos naturales. Lo que una vez fue un símbolo de resistencia ambiental, hoy queda a la deriva de decisiones políticas sin garantías reales de sostenibilidad.


