El anuncio de una reforma al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) ha desatado un intenso debate en el Congreso, donde senadores han cuestionado la viabilidad de modificar la plataforma en un periodo de solo nueve meses y en medio de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales.

Este martes 25 de marzo, la Comisión Cuarta del Senado citó a un debate de control político para analizar el alcance de los cambios propuestos. En la sesión, el director de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla, defendió la necesidad de la reforma, mientras que legisladores advirtieron sobre los riesgos de su implementación acelerada.

Preocupaciones por la reforma

La senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión, expresó su preocupación sobre la posibilidad de reemplazar un sistema que ha operado durante 21 años en tan poco tiempo.

«El Secop requiere mejoras, pero una reforma total en nueve meses genera incertidumbre, especialmente en época electoral», advirtió Lozano. Además, alertó sobre la curva de aprendizaje que enfrentaría tanto el sector público como los proveedores, lo que podría afectar la contratación estatal.

Uno de los puntos más críticos es la trazabilidad de los contratos. Actualmente, Secop II permite el seguimiento detallado de cada etapa contractual, facilitando la vigilancia por parte de las entidades de control y la ciudadanía. Por ello, los senadores exigieron que cualquier cambio garantice la continuidad de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) y la disponibilidad de datos abiertos.

Otro aspecto clave es la interoperabilidad del nuevo sistema con otras plataformas estatales, como el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y las herramientas del Ministerio de Hacienda. Legisladores han insistido en que la reforma debe integrar estos sistemas para evitar inconsistencias y mejorar la eficiencia en los procesos de contratación.

Los argumentos del Gobierno

Por su parte, Cristóbal Padilla justificó la reforma señalando que el Secop actual enfrenta problemas de obsolescencia tecnológica y costos elevados de mantenimiento.

Según Padilla, el ecosistema actual, compuesto por Secop I, Secop II y Tvec, representó un gasto de más de $25.000 millones en 2024 y ha acumulado inversiones superiores a $127.000 millones en la última década. Además, mencionó que el sistema presenta dificultades para escalar, baja flexibilidad, mantenimiento complejo y riesgos de ciberseguridad.

Para mitigar los impactos de la transición, el Gobierno anunció que el cambio será escalonado entre 2025 y 2027. En 2025 se iniciarán pruebas piloto, seguidas de una fase de adaptación en 2026 y la implementación total en 2027.

¿Riesgos para la transparencia?

A pesar del plan de transición, la sesión dejó abierta una disyuntiva sobre si el tiempo será suficiente para garantizar la operatividad del nuevo Secop y si la plataforma realmente mejorará la transparencia y eficiencia de la contratación pública.

Los senadores han insistido en que la reforma no debe poner en riesgo la capacidad del Estado para rastrear y auditar los contratos. Con la Ley de Garantías en vigor, la implementación de un nuevo sistema podría generar más opacidad en los procesos, afectando el control ciudadano y el acceso a la información pública.

El debate continúa abierto y en las próximas semanas se espera un nuevo pronunciamiento del Congreso sobre el futuro de esta reforma.

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