En una reunión del consejo directivo del FOMAG, Aldo Cadena, vicepresidente de la entidad, reveló un escándalo de proporciones millonarias en el sistema de salud de los docentes. La fiscal de Fecode advirtió que el apoyo a la consulta popular del presidente Petro peligra si no se soluciona la crisis.

Una nueva tormenta política y administrativa sacude al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), tras revelaciones explosivas entregadas en el más reciente consejo directivo de la entidad. La periodista Paula Bolívar, de W Radio, dio a conocer en exclusiva que el vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, denunció pérdidas multimillonarias y un esquema opaco en la administración del sistema de salud de los maestros.

Según Cadena, las pérdidas ya detectadas alcanzan los 2 billones de pesos, una cifra que pone en jaque no solo la sostenibilidad del sistema, sino también la confianza en la reforma impulsada por el Gobierno. Pero la denuncia no se detuvo ahí: el funcionario fue enfático al señalar que el nuevo modelo es «completamente perverso«, dado que en la práctica «son los mismos de siempre», refiriéndose a las entidades y operadores históricos que continúan manejando los servicios sin vigilancia efectiva.

“Hoy no existe la forma de vigilar los millonarios contratos que entregó la Fiduprevisora”, denunció Cadena ante el asombro de los demás asistentes al consejo directivo.

La situación es aún más grave si se considera el incremento del 50% en la facturación del sistema en tan solo los primeros cuatro meses de funcionamiento del nuevo modelo. El vicepresidente alertó que no hay claridad sobre a qué se deben estos aumentos ni a dónde está yendo el dinero, en un contexto en el que miles de docentes en el país han denunciado fallas graves en la prestación del servicio, desde desabastecimiento de medicamentos hasta demoras en procedimientos vitales.

Frente a la magnitud de la denuncia, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, intervino de inmediato y solicitó a Cadena que elevara las respectivas denuncias ante los órganos de control y que presentara un informe escrito y oficial con el detalle de las irregularidades. Esta solicitud busca establecer responsabilidades y activar los mecanismos de investigación en un sistema que, según el propio Gobierno, debía garantizar mayor eficiencia y cobertura.

Pero el escándalo escaló aún más cuando María Eugenia Londoño, fiscal nacional del sindicato Fecode, advirtió que la crisis en la salud de los maestros no solo tiene consecuencias administrativas, sino también políticas. Londoño fue tajante: si no se resuelve de manera urgente la prestación del servicio, el magisterio podría retirar su respaldo a la consulta popular que el presidente Gustavo Petro planea impulsar como piedra angular de su agenda de reformas.

“Si la salud de los profesores sigue sin resolverse, va a ser muy difícil conseguir el apoyo de los maestros para la consulta popular del presidente Petro”, dijo Londoño, generando un fuerte llamado de atención al Gobierno.

El sistema de salud de los maestros ha sido uno de los focos de tensión en la relación entre el Ejecutivo y Fecode, tradicionalmente aliado del Gobierno. Las promesas de cambio, mayor equidad y mejores condiciones se han convertido, para muchos docentes, en un calvario de trámites sin respuesta, servicios descontinuados y atención fragmentada. La Fiduprevisora, encargada de contratar los nuevos operadores, ha sido blanco de múltiples críticas por la falta de criterios técnicos y de seguimiento.

Estas nuevas revelaciones no solo ponen en entredicho el futuro del sistema de salud del magisterio, sino que podrían tener profundas repercusiones en el tablero político del Gobierno Petro. El respaldo de Fecode ha sido clave en las movilizaciones y en la defensa pública del proyecto político del presidente, y su pérdida podría significar un golpe de alto impacto de cara a los próximos pasos legislativos y electorales.

Mientras tanto, miles de maestros en todo el país siguen esperando soluciones concretas y una atención médica digna. Las próximas semanas serán cruciales para conocer si las denuncias de Aldo Cadena derivan en sanciones, cambios estructurales o, por el contrario, en otro capítulo más del deterioro institucional que afecta uno de los sectores más sensibles del país: la educación.

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