Petro insiste en Constituyente vía “octava papeleta” y desata tormenta política en el Congreso
Ministro Benedetti confirma que la consulta será en 2026 y no pasará por el Congreso; oposición acusa intento de golpe constitucional y advierte “no lo permitiremos”.
Un nuevo capítulo de tensión institucional se abrió este jueves luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmara que el gobierno del presidente Gustavo Petro buscará impulsar una Asamblea Nacional Constituyente a través de una “octava papeleta” en las elecciones de 2026. Aunque el Ejecutivo asegura que la iniciativa no se aplicará durante el actual mandato, sino que se propone “abrir el camino” para el siguiente gobierno, desde distintos sectores políticos se ha advertido que el mecanismo propuesto es ilegal, inconstitucional y profundamente peligroso para la democracia colombiana.
El primero en prender las alarmas fue el propio presidente Petro, quien anunció que derogará el decreto de convocatoria de una consulta popular, pero insistió en su intención de habilitar una Constituyente mediante una papeleta adicional en los próximos comicios. Minutos después, Benedetti reafirmó en medios y redes sociales que “no se busca una reelección”, sino que el objetivo es que la próxima administración tenga vía libre para cambiar la Carta Magna.
“La Constituyente no pasará por el Congreso, y la gente podrá expresarse en las urnas”, dijo el ministro, dejando claro que el proceso se pretende lanzar al margen de los canales constitucionales establecidos.
La reacción del mundo político no se hizo esperar, encabezada por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien fue tajante:
“Petro no sueñe con intentos de golpe de Estado. Esta absurda propuesta de convocar una Asamblea Constituyente por medio de una papeleta en elecciones no es más que un intento más de eludir la Constitución y concentrar poder”.
Cabal denunció que la estrategia del Gobierno encarna una amenaza directa al Estado de derecho, y advirtió que “no permitiremos que se diluya la democracia bajo eslóganes populistas”.
En la misma línea, la senadora Paloma Valencia también rechazó con firmeza la iniciativa, pidiendo a los ciudadanos que ignoren cualquier intento de imponer una Constituyente sin el cumplimiento de los procedimientos legales:
“Quien reciba esa papeleta debe romperla, para dejar claro que aquí defendemos la democracia y no permitiremos que Colombia se convierta en otra Venezuela”.
Desde el Congreso, incluso voces menos radicales expresaron su escepticismo y preocupación. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que no ve viable la propuesta del Ejecutivo:
“La Constitución es clara: una Constituyente debe pasar por el Congreso. No se puede hacer un atajo a la democracia”, subrayó el dirigente conservador, al considerar que una papeleta espontánea carece de validez jurídica y viola el marco institucional.
El exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, también echó por tierra la legalidad del procedimiento. En entrevista con Blu Radio fue contundente:
“Hoy no es posible ni legal ni constitucionalmente convocar una Asamblea Constituyente por medio de una octava papeleta. Esa figura ya no existe”.
La propuesta de Petro ha sido calificada por sectores académicos y jurídicos como una reedición de la estrategia de 1990, cuando se promovió la Constitución de 1991 tras una consulta popular simbólica impulsada por estudiantes. Sin embargo, juristas coinciden en que el contexto actual es completamente distinto, y que hoy se exige el cumplimiento estricto de los mecanismos previstos en la Carta Política: iniciativa del presidente, aprobación por el Congreso y revisión de constitucionalidad.
Mientras el Gobierno intenta presentar la iniciativa como una simple expresión ciudadana que busca “transformar el contrato social”, la oposición ve una peligrosa maniobra autoritaria disfrazada de participación. La tensión entre poderes se agudiza, y con un Congreso mayoritariamente escéptico frente a los planes del Ejecutivo, todo indica que la vía de la “papeleta” se convertirá en un nuevo epicentro de confrontación institucional.
Por ahora, el ministro Benedetti insiste en que “la gente decidirá”, pero el país político le ha respondido con claridad: sin ley, sin Congreso y sin control de legalidad, no habrá Constituyente.
