Colombia ahogada en coca: cultivos ilícitos ya superan 7 veces el tamaño de Medellín
En 2023 el país alcanzó un récord histórico de 253.000 hectáreas sembradas, una extensión que equivale a 1,4 veces toda Bogotá. Para la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, este crecimiento es consecuencia de gobiernos que abandonaron la lucha contra el narcotráfico y pactaron con criminales.
Colombia alcanzó en 2023 el nivel más alto de cultivos de coca registrado en más de dos décadas, con 253.000 hectáreas sembradas, según reportes técnicos conocidos en los últimos días. La cifra representa un incremento de más de cinco veces en apenas una década, al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a más de un cuarto de millón el año pasado.
El volumen de cultivos ilícitos equivale a siete veces el tamaño de Medellín o 1,4 veces toda Bogotá, una dimensión que pone en evidencia la pérdida de control territorial y la expansión del narcotráfico en diversas regiones del país.
Un crecimiento sin precedentes
El año 2023 se consolidó como el de mayor expansión cocalera desde el 2000, superando todos los registros anteriores. Para dimensionar el impacto territorial, las 253.000 hectáreas equivalen al doble del Valle de Aburrá, cuatro veces Cartagena y hasta 16 veces Barranquilla.
El fenómeno, además de representar un desafío en materia de seguridad, también tiene consecuencias económicas y sociales. La producción de cocaína alimenta redes de lavado de activos, distorsiona economías locales y fortalece estructuras criminales que compiten con el Estado en el control social de comunidades enteras.
El debate político: seguridad y narcotráfico
El aumento de los cultivos de coca ha revivido el debate sobre la política antidrogas de los últimos gobiernos. Para algunos analistas, la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos implementada tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC no alcanzó los resultados esperados, mientras que la actual política de “paz total” del presidente Gustavo Petro ha generado señales de permisividad frente a grupos armados que controlan las economías ilegales.
En este contexto, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó una dura crítica a la administración de Petro y a la Juan Manuel Santos. En su cuenta de X escribió:
“Los colombianos deben entender que el narcotráfico es el mayor responsable de la violencia que padecemos. Gobiernos como los de Santos y Petro, bajo la excusa de procesos de paz, abandonaron la lucha contra este flagelo y permitieron la expansión de los cultivos ilícitos. El resultado ha sido el mismo: más secuestros, más masacres y más delincuencia.
La verdadera paz no se construye de la mano de los criminales, sino con el poder legítimo del Estado. Yo no le tengo miedo a los violentos ni mucho menos afinidad con ellos. Tengo claro cómo derrotar a los terroristas y devolverle la tranquilidad a las familias colombianas”.
Un desafío estructural
El récord en siembras de coca refleja no solo una crisis de seguridad, sino también un problema estructural en zonas rurales donde persisten la pobreza, la falta de infraestructura y la débil presencia institucional. Expertos señalan que la ausencia de alternativas económicas sostenibles, junto con la demanda internacional de cocaína, mantiene una presión constante para que comunidades campesinas vean en la hoja de coca la única fuente de ingresos viable.
El reto para el Estado será doble: recuperar el control territorial frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas y ofrecer soluciones económicas legítimas a miles de familias campesinas atrapadas entre la ilegalidad y el abandono estatal.
Con 253.000 hectáreas sembradas, Colombia no solo enfrenta un récord numérico, sino también un espejo que refleja el fracaso acumulado de las políticas antidrogas y de seguridad de los últimos años.
