Gobierno ha girado a comunidades indígenas una suma comparable a la cartera vencida del Icetex
Las transferencias del Gobierno a organizaciones indígenas en menos de dos años igualan casi el valor de la deuda castigada del Icetex, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en el marco de las movilizaciones del 1º de mayo.
La llegada de comunidades indígenas a Bogotá para participar en las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro en apoyo a su propuesta de consulta popular volvió a poner bajo la lupa los millonarios recursos que el Gobierno ha girado a estas organizaciones desde 2022. Las cifras reveladas por distintos sectores de la oposición indican que los giros a las comunidades superan los $726.661 millones, una cifra comparable con la cartera vencida del Icetex, que asciende a $777.000 millones.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño y la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal alzaron la voz para denunciar lo que consideran un uso estratégico de los recursos públicos con fines políticos. Según Briceño, tan solo en lo corrido de 2025, el Ejecutivo ha desembolsado $300.000 millones a distintas organizaciones indígenas. A esto se suma un pago de $10.000 millones por el ingreso de la Minga indígena a la capital en las semanas previas a la marcha.
Por su parte, la senadora Cabal aseguró que el gobierno de Petro ha girado $537.810 millones a resguardos indígenas, de los cuales $442.219 millones corresponden a convenios interadministrativos, mientras que otros $95.591 millones han sido entregados como subsidios gestionados a través del Ministerio de Vivienda y Prosperidad Social.
Cabal advirtió que los fondos no tienen únicamente fines sociales, sino que se trataría de un «financiamiento encubierto para garantizar la participación de organizaciones afines al Gobierno», como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), ambas claves en las movilizaciones del 1º de mayo y aliadas estratégicas del Pacto Histórico.
Detalle de giros a organizaciones indígenas:
- CRIC: $177.726 millones
- ONIC: $95.178 millones
- OPIAC (Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía): $33.534 millones
- AICO (Autoridades Indígenas de Colombia): $13.997 millones
- Otras comunidades: $121.782 millones
De manera adicional, la ONIC ha firmado 39 contratos por $117.553 millones, mientras que la OPIAC ha incrementado sus contratos en un 295%, firmando 46 contratos por $54.582 millones. Las Autoridades Tradicionales Indígenas también han visto un aumento del 57% en sus contratos, alcanzando 25 contratos por $21.029 millones.
Briceño fue enfático en señalar que el respaldo político que representan estas comunidades para el Gobierno se ha traducido en un flujo constante de recursos. «La CRIC y la ONIC son las organizaciones que más dinero han recibido y que más apoyan las manifestaciones del presidente Petro», declaró.
No obstante, tanto Briceño como Cabal alertaron sobre la poca claridad en el destino final de los fondos. “Prometen millonarios recursos a las comunidades, pero no terminan solucionando los problemas estructurales que padecen sus bases”, afirmó el concejal, quien también denunció que las visitas reiteradas de la Minga a Bogotá —entre cinco y seis veces durante el actual Gobierno— obedecen a presiones para exigir el cumplimiento de contratos firmados con el Ejecutivo.
“Llegan a acuerdos, pero una cosa es que se comprometan y otra que los cumplan. Cada vez que protestan es porque no les están girando lo pactado, en parte por la crisis fiscal que atraviesa el país”, concluyó Briceño.
Un debate político en ascenso
La senadora Cabal ha insistido en que estos recursos deberían estar sujetos a mayor control y fiscalización, dado que podrían estar siendo usados para influir en la movilización social en favor del Gobierno. En ese sentido, anunció que pedirá una investigación exhaustiva sobre la legalidad de los convenios firmados, los criterios de asignación de recursos y la ejecución real de los proyectos financiados.
La controversia por los recursos entregados a las comunidades indígenas se da en un contexto marcado por crecientes tensiones políticas entre el Gobierno y los sectores de oposición. Mientras el Ejecutivo defiende estas inversiones como parte de su compromiso con la reparación histórica y el desarrollo rural, desde la oposición se cuestiona lo que califican como una política clientelista orientada a asegurar respaldo popular frente a las reformas y propuestas que impulsan desde la Casa de Nariño.
La magnitud de los recursos girados y el uso político que podrían tener será uno de los temas claves en la agenda legislativa y mediática durante las próximas semanas.
