Triple homicidio en Santander de Quilichao marca la primera masacre de 2026 en Colombia
Un ataque armado contra una comerciante y una posterior incursión violenta durante su velorio evidencian la persistencia del control territorial ilegal en el norte del Cauca, pese a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, amaneció el 3 de enero de 2026 con una noticia que estremeció a la comunidad y encendió las alarmas nacionales: tres personas fueron asesinadas en hechos violentos y conexos que las autoridades y organizaciones de derechos humanos ya califican como la primera masacre registrada en Colombia en lo que va del año. La secuencia de los crímenes, su brutalidad y el contexto de riesgo advertido previamente por la Defensoría del Pueblo confirman la grave situación de seguridad que enfrenta este municipio estratégico del suroccidente del país.
El primer hecho ocurrió cuando hombres armados llegaron hasta un establecimiento comercial de Santander de Quilichao y dispararon en repetidas ocasiones contra Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba el lugar. El ataque fue directo y letal. La mujer falleció en el sitio, sin que mediara posibilidad de auxilio, lo que generó conmoción entre comerciantes y vecinos de la zona, acostumbrados a convivir con un clima de intimidación, pero no con un asesinato de esta magnitud en pleno casco urbano.
Horas más tarde, cuando familiares, amigos y conocidos se encontraban reunidos en el velorio de la primera víctima, la violencia volvió a irrumpir de manera aún más atroz. Hombres armados atacaron a varios de los asistentes y persiguieron a dos mujeres que intentaron huir del lugar. Ambas fueron alcanzadas y asesinadas. Se trata de Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años. La continuidad de los hechos, su clara conexión temporal y espacial, y la intención de sembrar terror colectivo llevaron a que estos homicidios fueran catalogados como una masacre.
Este triple asesinato no ocurre en un vacío. Santander de Quilichao ha sido reiteradamente señalado como un municipio en alto riesgo por la presencia y confrontación de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 013 de 2025, en la que incluyó a este municipio con un llamado urgente a la acción institucional. En ese documento, la entidad advirtió que la imposición de normas, castigos y otras formas de gobernanza ilegal por parte de actores armados representa un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos de la población civil.
A esta advertencia se suma la Alerta Temprana 036 de 2025, que señala específicamente el alto riesgo para la población de Santander de Quilichao debido a la presencia y confrontación de disidencias de las FARC, en particular el Frente Dagoberto Ramos. Según la Defensoría, estas estructuras armadas están asociadas al control territorial y a economías ilícitas, factores que intensifican la violencia y colocan a la población civil en medio de disputas armadas, retaliaciones y acciones de “ejemplo” para imponer miedo y obediencia.
En la zona también se ha identificado la actuación del Frente Jaime Martínez, ambas estructuras pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local que operan como redes de apoyo o actores independientes en economías ilegales. Este entramado criminal ha convertido al norte del Cauca en uno de los epicentros de la violencia armada en Colombia, pese a los anuncios oficiales de control y a la presencia de la Fuerza Pública.
La jurisdicción de este territorio corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional, responsable de las operaciones militares en la región. Sin embargo, los hechos ocurridos en Santander de Quilichao vuelven a poner en entredicho la capacidad del Estado para anticiparse a escenarios de riesgo que ya habían sido claramente advertidos por los organismos de control y derechos humanos. La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué, pese a las alertas tempranas, no se logró prevenir una escalada de violencia que terminó en una masacre?
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han insistido en que este tipo de crímenes no son hechos aislados, sino el resultado de una combinación letal de control armado, economías ilícitas, débil presencia institucional y una población civil atrapada entre amenazas y silencios forzados.
