Grave polémica en el Ministerio de Minas por millonaria autorización a multinacional árabe
Autorización de importación de gasolina sin subasta ni justificación de desabastecimiento genera alerta sobre posible favorecimiento a Primax, recientemente adquirida por Aramco, tras gira de Petro por Medio Oriente.
Una tormenta política y técnica se desató este sábado tras revelarse que el Ministerio de Minas y Energía, a través de su Dirección de Hidrocarburos, autorizó una gigantesca importación de gasolina por parte de la multinacional Primax Colombia, recientemente adquirida por Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita. La decisión, que ha sido calificada como gravísima por fuentes del sector energético, fue tomada por el director de hidrocarburos Julián Flórez, en contravía de las advertencias de Ecopetrol y presuntamente al margen de la normatividad vigente.
Según documentos revelados por una fuente con acceso directo al expediente, la autorización permite la importación de entre 4,2 y 5,4 millones de galones de gasolina (equivalentes a 100.000 a 130.000 barriles) por un periodo de 24 meses, a través de los puertos de Buenaventura y Tumaco, en el Pacífico colombiano. La importación fue concedida sin proceso de subasta pública, sin una declaratoria de desabastecimiento y sin el aval de Ecopetrol, el principal actor del mercado de combustibles en el país.
Violación de normativas y advertencias ignoradas
La Resolución 180522 de 2010, citada por el propio Flórez en su autorización, establece con claridad que las importaciones de combustibles solo pueden autorizarse cuando se demuestra un déficit de producto en el país. Sin embargo, Ecopetrol habría advertido que hay suficiente volumen de gasolina motor disponible, y que permitir este ingreso masivo podría generar problemas logísticos, afectar la estabilidad del mercado y lesionar la posición de la empresa nacional.
“Ecopetrol advirtió en los comités quincenales de abastecimiento que no existe déficit alguno. Esta importación es innecesaria, perjudicial y rompe la lógica del mercado colombiano de combustibles”, indicó una fuente del sector consultada bajo reserva.
Lo más delicado, sin embargo, es que varios funcionarios del propio Ministerio de Minas y Energía habrían advertido a Flórez sobre la ilegalidad de autorizar esta importación, lo que lo dejaría directamente comprometido en una actuación irregular. A pesar de ello, firmó el documento que da luz verde a la operación de Primax.
Un negocio multimillonario con sombras diplomáticas
La decisión ha generado inquietudes aún más profundas luego de conocerse que Primax fue adquirida en marzo de 2025 por Aramco, la petrolera estatal saudí, en una operación por 3.500 millones de dólares, con lo cual pasó a controlar 914 estaciones de servicio en el país. Este negocio se concretó pocos días después de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, una gira diplomática en la que participó el ministro de Minas, Edwin Palma.
El cruce entre una visita de alto nivel, una millonaria adquisición extranjera, y una decisión administrativa que favorece directamente a esa nueva multinacional ha encendido las alarmas sobre un posible favorecimiento político y comercial a Aramco, a costa de Ecopetrol y del mercado interno.
“Esto podría configurar una desviación grave de la función pública, y debe ser investigado por los entes de control. No es normal que un funcionario ignore normas, advertencias y procedimientos para favorecer a una empresa extranjera sin justificación técnica alguna”, indicó un exfuncionario del sector energético.
Se avecina un escándalo de mayor escala
La información filtrada asegura que aún falta por revelarse otro detalle que podría comprometer aún más al director Flórez, quien asumió recientemente el cargo dentro del equipo de confianza del ministro Palma. Hasta el momento, ni el Ministerio de Minas ni Ecopetrol han emitido una declaración oficial, aunque se espera un pronunciamiento en las próximas horas ante la creciente presión pública y mediática.
Por su parte, varios sectores políticos ya están solicitando intervención de la Procuraduría y la Contraloría para revisar la legalidad de la decisión. “No podemos permitir que se vulnere el orden jurídico y se atropelle a Ecopetrol para beneficiar a los amigos del Gobierno en el exterior”, afirmó una senadora de la oposición.
Esta autorización podría ser el inicio de un nuevo escándalo político que ponga en entredicho los intereses estratégicos de Colombia frente al manejo de sus recursos energéticos, la soberanía comercial y el papel que juega Ecopetrol en el equilibrio del mercado nacional.
La pregunta ahora es: ¿A quién responde el director de hidrocarburos? ¿A Colombia o a los intereses de quienes hacen negocios con la Casa de Nariño? La polémica apenas comienza.
