Capturan red criminal integrada por policías que extorsionaba a migrantes en Nariño
La Fiscalía desmanteló en Ipiales una red conocida como Los Mata Siete, integrada por civiles y cinco policías, que cobraba entre 100 y 1.500 dólares a migrantes a cambio de falsos permisos y sellos para permitir su tránsito por Colombia; 12 personas fueron capturadas y siete enviadas a prisión preventiva.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización ilegal que delinquía en la frontera sur de Colombia, integrada por civiles y miembros activos de la Policía Nacional, dedicada a exigir dinero a migrantes a cambio de supuestos trámites para “legalizar” su tránsito o estadía en el país.
En un operativo realizado en Ipiales (Nariño), fueron capturadas 12 personas, entre ellas cinco uniformados, señaladas de conformar la red conocida como Los Mata Siete.
Los implicados fueron imputados por delitos como concierto para delinquir, extorsión agravada, simulación de investidura o cargo, uso de sello oficialmente regulado, fraude procesal y destrucción de evidencia.
Según la investigación, el modus operandi consistía en contactar a migrantes que cruzaban el Puente Internacional de Rumichaca o llegaban al aeropuerto de Pasto, ofrecerles transporte y, en el trayecto, interceptarlos con falsos controles policiales.
Allí les exigían entre 100 y 1.500 dólares para colocar sellos y entregar tarjetas andinas de migración falsas, bajo amenaza de deportación.
La Fiscalía estableció que en otros casos los extranjeros eran abordados en puntos estratégicos de Ipiales por supuestos funcionarios de la Policía o de Migración Colombia que les ofrecían permisos irregulares para desplazarse sin restricciones por el país.
Los procesados fueron identificados como Wilmer Narciso Hernández, William y Jairo Ceballos Mampuezan, Iván y Juan Gabriel Melo Vásquez, Iván Danilo Peña Cerón y Jhon Jairo Romero Zamora; además de los policías Iván Darío Guapucal Jurado, Roberth Chamorro Quistanchala, Jeffer Palacios, Jhon Castro Vallecilla y Horacio Gerlando Guachavez.
Por orden judicial, siete de los acusados —incluidos tres uniformados— deberán permanecer en centro carcelario mientras avanza el proceso. Los demás continuarán vinculados a la investigación.
