Fracasa otro frente de la “Paz Total”: exjefes paramilitares renuncian por incumplimientos del gobierno Petro
La renuncia de los 16 Gestores de Paz expone una nueva fractura en la política de reconciliación del Gobierno, y debilita aún más la credibilidad del Alto Comisionado de Paz.
La crisis de la Paz Total se profundiza. Dieciséis exjefes paramilitares, designados como Gestores de Paz por el propio presidente Gustavo Petro en noviembre de 2024, presentaron una carta de renuncia a ese rol, alegando incumplimientos sistemáticos, improvisación, falta de voluntad política y abierta insubordinación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP), liderada por Otty Patiño.
La misiva, dirigida directamente al presidente, expone con crudeza los desaciertos de una estrategia que ha sido vendida como bandera del actual gobierno, pero que, según los firmantes, ha quedado reducida a un simple “gesto simbólico” sin acciones concretas.
“Esta designación en la práctica se convirtió en un gesto meramente simbólico (…) la OCCP jamás tuvo la intención ni el compromiso real para materializarlas”, se lee en el documento firmado por los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los exjefes denuncian que, pese a haber cumplido cada instrucción durante los últimos ocho meses, no se convocó una sola mesa técnica, no se asignaron recursos, y se cancelaron encuentros cruciales sin justificación alguna. Aseguran que incluso cuando el INPEC ya había expedido resoluciones de traslado para una reunión plenaria en Bogotá, la OCCP la suspendió sin razones jurídicas, técnicas o de seguridad.



¿Una Oficina que desobedece al Presidente?
El contenido de la carta revela un hecho aún más grave: según los firmantes, la Oficina del Comisionado ha actuado en “abierta insubordinación” frente a órdenes directas y públicas del presidente Petro.
Se refieren puntualmente al incumplimiento del compromiso —anunciado por el mismo jefe de Estado— de instalar una mesa de cierre del proceso de Ralito antes del 4 de junio de 2024. No solo no se cumplió, sino que el enfoque del trabajo de los Gestores fue, según ellos, desechado unilateralmente y sin explicación.
“Esta conducta, documentada y contrastable, demuestra que la parálisis del proceso no obedece a caprichos nuestros, sino a la falta de congruencia y abierta insubordinación de la OCCP”, denuncian.
¿Reescribir la historia a conveniencia?
En un tramo particularmente duro de la carta, los exparamilitares acusan a la Oficina de Paz de intentar deslegitimar el proceso de Santa Fe de Ralito —una de las primeras negociaciones de desmovilización con grupos armados en Colombia—, afirmando que funcionarios de la OCCP han llegado a decir que “la negociación de Ralito nunca existió”.
Para los firmantes, esa postura no solo es un intento de reescribir la historia, sino que sabotea la propia Política de Paz Total al desconocer los antecedentes de procesos que sentaron las bases del actual marco de justicia transicional.
Un llamado directo a Petro
A pesar de las duras críticas, los excomandantes no cierran la puerta al diálogo. Por el contrario, solicitan una reunión directa con el presidente Gustavo Petro, para discutir el futuro de su rol y la forma en que pueden seguir contribuyendo a la reconciliación.
Reafirman su compromiso con la verdad, la reparación, la no repetición y la búsqueda de desaparecidos, subrayando que esta voluntad no depende del título de Gestores de Paz, sino de una decisión política tomada hace más de 20 años cuando se desmovilizaron bajo la Ley 975 de Justicia y Paz.
El fracaso de un experimento improvisado
La renuncia masiva de estos Gestores no es un hecho menor. Golpea directamente la línea de flotación de la Paz Total, una política ya debilitada por fracasos con otros actores armados, divisiones internas, rupturas de cese al fuego y duras críticas desde el Congreso, la sociedad civil y la comunidad internacional.
Además, refuerza la percepción de improvisación e incoherencia dentro del gobierno, justo cuando el presidente Petro ha amenazado con avanzar en reformas por decreto, desatando un ambiente de tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Mientras tanto, lo que debía ser un proceso de reconciliación integral se desangra por dentro, víctima de la desconfianza, la falta de gestión y el cortoplacismo político.