Huila: Las cicatrices de la guerra sucia y las voces de sobrevivientes que buscan justicia
Entre 2005 y 2008, en el departamento de Huila, al menos 200 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por unidades militares. Estos homicidios, catalogados como ejecuciones extrajudiciales, fueron parte de un plan sistemático que buscaba inflar los resultados operacionales de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha identificado estos crímenes y en agosto de 2024, 74 miembros de la Fuerza Pública reconocieron su participación. Dos sobrevivientes de esta época, William Cunacué y Aladino Ríos, han contado su historia, dejando al descubierto la complejidad y el horror que aún buscan respuestas.
Un ataque inesperado y la lucha por sobrevivir
William Cunacué tenía 24 años cuando su vida cambió de forma irreversible la madrugada del 8 de enero de 2006. Junto a sus amigos, Hortensia Neyid Tunja (17 años) y Manuel Tao Pillimué (21 años), regresaban de una fiesta en motocicleta, cuando fueron emboscados por ráfagas de fusil disparadas por militares. Hortensia y Manuel murieron en el acto, mientras que William, gravemente herido, logró escapar a duras penas.
«Nos caemos de la moto después de las ráfagas. Sentí la mano de Hortensia, pero cuando la volví a tocar ya estaba quieta», recordó Cunacué. Su instinto de supervivencia lo llevó a caminar durante 40 minutos, a pesar de las heridas, hasta San Antonio, en Inzá, Cauca, donde pidió ayuda. Sin embargo, su calvario apenas comenzaba.
Los militares no solo los habían emboscado, sino que posteriormente presentaron a sus amigos como guerrilleros abatidos. William fue acusado de rebelión y tuvo que huir para evitar su captura. Los uniformados lo buscaron incluso en el hospital donde fue operado. «Casi me matan en el hospital. Si no hubiera sido por una enfermera, un militar me habría disparado», narró. Después de dos días esposado y encarcelado, logró salir, pero durante cuatro años vivió oculto, siendo perseguido por las falsas acusaciones del Ejército.
Traicionado por un amigo
Aladino Ríos, de 31 años en 2007, vivió una experiencia similar. Invitado por un amigo, Alfredo Muñoz Botina, a realizar un encargo en la vía hacia San Agustín, nunca imaginó que este lo entregaría a los militares. En la vereda Silvania, en San José de Isnos, Ríos y Albeiro Hernández Cerón fueron capturados, amarrados y, posteriormente, ejecutados.
Aladino sobrevivió de milagro. Tras recibir dos disparos en el hombro derecho y ver cómo mataban a su amigo Albeiro, logró escapar lanzándose por un abismo. Herido y exhausto, caminó cuatro kilómetros hasta encontrar refugio en una casa, donde fue atendido por una mujer que lo ayudó a ocultarse. «Los militares me buscaban para terminar el trabajo», contó. Dos semanas después, Ríos denunció los hechos ante la Fiscalía y la Procuraduría, comenzando así una larga lucha por justicia que ya lleva 17 años.
El silencio de los culpables
Ambos sobrevivientes coinciden en que, aunque la JEP ha permitido que algunos militares reconozcan su responsabilidad, la verdad completa sigue sin conocerse. En el caso de Cunacué, aunque uno de los militares que participó en la operación ha hablado, quienes lo señalaron para ser asesinado aún no han salido a la luz. «El reclutador sigue viviendo en mi vereda, y era militar en ese entonces», afirmó.
Por su parte, Ríos se ha enfrentado al escepticismo de las autoridades. A pesar de reunirse en 2010 con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para exponer su caso, no recibió respuestas satisfactorias. «Yo quisiera preguntarle al señor Uribe qué responde ahora que 74 comparecientes aceptaron que sí mataron a campesinos inocentes», cuestionó.
Justicia y reparación: un camino largo y doloroso
A pesar de los avances en la JEP, Cunacué y Ríos siguen buscando justicia. Cunacué, que a día de hoy tiene 44 años, no comparte la idea de que los culpables no vayan a la cárcel. «Quiero saber quiénes fueron los que nos dispararon. No me sirve un monumento, prefiero una tierra para trabajar», expresó, refiriéndose a las reparaciones que ofrece el Estado.
Por su parte, Ríos ha luchado para que su caso no pase a la Justicia Penal Militar, donde las posibilidades de obtener justicia serían nulas. «Espero que todos los involucrados, no solo los de Huila, sino a nivel nacional, den la cara. Esto no es un problema de una sola región, es un problema de Estado», afirmó.
Generales imputados y la verdad pendiente
En noviembre de 2023, la JEP imputó a 35 exmilitares, incluyendo a cinco generales en retiro, por su participación en este plan criminal. Sin embargo, mientras 30 de ellos han aceptado su responsabilidad, los generales (r) Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, William Fernando Pérez Laiseca, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo optaron por no hacerlo. Esto deja en suspenso la posibilidad de obtener la verdad completa.
Las historias de William Cunacué y Aladino Ríos son solo dos entre cientos de casos similares que ocurrieron en Huila y otras regiones de Colombia durante el conflicto armado. El reconocimiento de la responsabilidad por parte de algunos militares es un paso importante, pero la reparación completa y la verdad aún parecen lejos de alcanzarse para estos sobrevivientes. Mientras tanto, la sombra de la impunidad sigue rondando sus vidas, mientras luchan por un cierre que les ha sido negado por casi dos décadas.
