La Asamblea del Huila aprobó un crédito por $90.000 millones, argumentando que financiará obras estratégicas en infraestructura y saneamiento. Sin embargo, críticos advierten que este endeudamiento puede convertirse en una carga financiera sin garantías de ejecución eficiente. Con antecedentes de retrasos, sobrecostos y proyectos inconclusos en la región, surgen dudas sobre la transparencia y viabilidad de la inversión.
La reciente aprobación de un crédito por $90.000 millones de pesos por parte de la Asamblea del Huila ha generado una ola de cuestionamientos sobre la viabilidad financiera y los riesgos que este endeudamiento implica para el departamento. Aunque el gobierno departamental y la mayoría de diputados defienden la medida como una solución para impulsar proyectos en infraestructura vial, agua potable, saneamiento básico y espacios deportivos, diversos analistas advierten sobre el impacto que podría tener en las finanzas públicas a largo plazo.
El presidente de la Asamblea, Sergio Trujillo, calificó el crédito como una «herramienta para reducir brechas sociales», asegurando que no comprometerá la sostenibilidad fiscal y que contará con veeduría permanente. Sin embargo, críticos señalan que si bien la inversión en infraestructura es clave, la contratación de deuda no garantiza necesariamente ejecuciones eficientes ni la correcta destinación de los recursos.
Un aspecto que genera preocupación es la carga financiera que este crédito representará para el Huila en los próximos años. Aunque la secretaria de Hacienda, Diana Patricia Sierra, asegura que la operación cumple con los límites de la Ley 819 de 2003 y no superará el 20% de los ingresos corrientes, economistas advierten que el problema no radica solo en el porcentaje de deuda, sino en la capacidad real de pago y en la eficiencia de la inversión.
«Históricamente, los departamentos han recurrido a créditos para financiar obras que luego quedan inconclusas o con sobrecostos. La pregunta es: ¿cuál es la garantía de que estos recursos serán utilizados con transparencia y eficacia?», cuestionó un experto en finanzas públicas consultado.
A ello se suma el antecedente de otros créditos en el departamento, donde los retrasos en la ejecución de proyectos han llevado a sobrecostos y litigios contractuales. En este sentido, opositores al endeudamiento advierten que, sin mecanismos claros de control, el Huila podría repetir errores del pasado.
Aunque el gobierno departamental defiende que los $90.000 millones ya estaban contemplados en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), los detractores insisten en que se debería priorizar la optimización de recursos existentes antes de recurrir a créditos que podrían hipotecar las finanzas futuras.