viernes, diciembre 19 2025

La tutela que devolvió la libertad al expresidente no resuelve la condena, pero sí cuestiona la calidad de las decisiones judiciales y reabre el debate sobre garantías, debido proceso y presiones mediáticas.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez recuperó la libertad gracias a un fallo de tutela del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que dejó sin efecto la orden de detención inmediata proferida por la Juez 44 Penal del Circuito, Sandra Heredia. La decisión, más allá de un beneficio individual, abrió un debate sobre la calidad de las motivaciones judiciales, los límites del populismo punitivo y la vigencia de principios constitucionales como la presunción de inocencia.

Los reproches a la Juez 44

En el fallo, los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero señalaron que la jueza basó su decisión en consideraciones “vagas, subjetivas e imprecisas”. Según el tribunal, Heredia justificó la detención de Uribe en la necesidad de preservar la convivencia pacífica y el orden social, evitar una percepción negativa en la opinión pública y transmitir un efecto disuasivo frente a eventuales delitos.

Para los magistrados, tales argumentos carecen de sustento fáctico y jurídico. “Ese tipo de razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la ley y el criterio de proporcionalidad, al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la restricción de la libertad”, advirtieron. En consecuencia, concluyeron que la motivación de la captura inmediata no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.

El tribunal también recordó que el derecho penal de autor está proscrito en Colombia y que un juez no puede imponer sanciones anticipadas con base en preocupaciones sociales abstractas.

Sin riesgo de fuga ni manipulación de pruebas

Otro de los puntos centrales del fallo fue la inexistencia de un riesgo probado de fuga. Uribe, pese a sus frecuentes viajes al exterior, siempre informó y compareció ante la justicia. Tampoco existían antecedentes de incumplimientos procesales.

Asimismo, el tribunal subrayó que el juicio ya había superado la fase probatoria, por lo que no había posibilidad real de manipular evidencias. En consecuencia, la medida de aseguramiento basada en riesgos hipotéticos resultaba desproporcionada.

En cuanto a la supuesta existencia de “estrategias dilatorias” atribuidas a la defensa, los magistrados señalaron que la jueza no las precisó ni justificó. Por el contrario, varias solicitudes presentadas por los abogados de Uribe prosperaron en instancias de tutela, lo que legitimó sus actuaciones.

Una victoria institucional, según Cabal

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal celebró la decisión y la calificó como un triunfo de la institucionalidad frente a lo que denominó “populismo punitivo”.

“Leída en su totalidad la sentencia de tutela del presidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá deja en evidencia los graves errores de la Juez 44 Penal. (…) El fallo es una victoria institucional frente al populismo punitivo”, escribió en su cuenta de X.

Cabal resaltó que el tribunal reafirmó principios constitucionales esenciales como la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y el principio pro libertatis.

Reacciones divididas

El expresidente, conocido por sus seguidores como el Gran Colombiano, agradeció la solidaridad recibida tras recuperar la libertad. “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, expresó en redes sociales.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, contraparte en el proceso judicial, manifestó respeto por la decisión, aunque sin compartirla. “Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra, y creemos que la jueza Heredia impuso la medida para defendernos de ese tipo de acciones”, afirmó, anticipando que la apelación continuará.

El proceso en segunda instancia

La decisión de fondo sobre la condena de 12 años de cárcel contra Uribe, que incluía beneficio de prisión domiciliaria, aún no ha sido resuelta. El caso está en manos de otros magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes deberán pronunciarse en segunda instancia.

En ese contexto, el fallo de tutela no se refiere a la responsabilidad penal del expresidente ni a la valoración de pruebas, sino exclusivamente a su derecho a defenderse en libertad mientras se surte la apelación.

Implicaciones políticas y jurídicas

El pronunciamiento del tribunal no solo tiene consecuencias inmediatas en el caso Uribe, sino que también envía un mensaje a la judicatura: las decisiones que restrinjan derechos fundamentales deben estar sólidamente motivadas y sustentadas en hechos verificables, no en percepciones sociales o presiones mediáticas.

El episodio revive además la tensión política entre uribismo y sectores de izquierda, que han visto en el proceso contra Uribe un pulso entre la legitimidad de la justicia y la fuerza del expresidente en la opinión pública.

Mientras los seguidores de Uribe celebran lo que consideran un revés a la persecución judicial, sus opositores advierten que el fallo no borra la condena de primera instancia y que aún queda un largo camino jurídico.

Lo cierto es que, al menos por ahora, Álvaro Uribe Vélez seguirá en libertad, con un proceso abierto que mantiene en vilo tanto a la política como a la justicia colombiana.

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