Consejo de Estado frena el decretazo de Petro: la consulta popular queda suspendida por violar la Constitución
La alta corte anuló de forma provisional el Decreto 0639 de 2025 con el que Gustavo Petro pretendía convocar una consulta nacional sin el aval del Senado. La senadora María Fernanda Cabal celebró el fallo y recordó que fue ella quien interpuso la demanda.
Un nuevo revés jurídico golpea al presidente Gustavo Petro y su polémico intento de imponer una consulta popular por decreto. Este miércoles 18 de junio, la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió los efectos del Decreto 0639 de 2025, con el que el mandatario pretendía convocar a los colombianos a las urnas el próximo 7 de agosto, sin contar con el requisito constitucional indispensable: el concepto previo y favorable del Senado de la República.
La decisión se dio tras admitir la demanda de nulidad contra dicho decreto, y aplicar una medida cautelar que, en la práctica, deja sin efectos el intento presidencial de sortear el Congreso y usar el poder Ejecutivo para forzar una agenda de reformas mediante un mecanismo de participación ciudadana.
“Debe señalarse que de la lectura de los artículos 104 de la Constitución Política, y 50 y 31 b) de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, respectivamente, se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo a una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado”, sostuvo el alto tribunal.
El decreto, firmado por Petro, 15 ministros y cuatro encargados de cartera, buscaba revivir una consulta que ya había sido archivada por el Congreso, luego de una cerrada votación en la plenaria del Senado (49 contra 47). Lo que pretendía el Ejecutivo era convocar al pueblo a decidir sobre 12 preguntas relacionadas con el régimen laboral, a pesar de que el Senado —como lo establece la Constitución— no había dado luz verde al proceso.
Frente a este intento de lo que muchos califican como un abuso de poder, la senadora María Fernanda Cabal —una de las voces más críticas del Gobierno— celebró la decisión judicial y recordó que fue ella quien lideró la acción jurídica que derivó en este importante fallo.
“Extraordinaria noticia. Es deber de las altas Cortes Consejo de Estado y Corte Constitucional defender el Estado de derecho frente a la amenaza golpista de Gustavo Petro. Debo recordar que interpuse acción de nulidad contra ese decreto. Petro no está por encima de la Constitución y la Ley”, escribió la senadora en su cuenta oficial de X.
El mensaje no es menor. Cabal no solo le pone nombre a la resistencia institucional frente al autoritarismo de Petro, sino que señala con claridad lo que está en juego: el respeto por la Constitución y la separación de poderes, pilares esenciales del orden democrático.
La interpretación del Consejo de Estado también refuerza la relevancia del control parlamentario en los mecanismos de participación ciudadana. En otras palabras: no es el presidente quien define de manera unilateral cuándo y cómo se consulta al pueblo, mucho menos si el Congreso —como ocurrió— ya tomó una decisión en contra. Saltarse ese trámite constitucional representa, como lo afirma el tribunal, un vicio de procedimiento grave.
La medida adoptada no interferirá con el concepto que deberá emitir próximamente la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo Consejo de Estado, a solicitud del registrador nacional, Hernán Penagos. Pero hasta tanto no se resuelva el fondo de la demanda, el decreto queda suspendido, y Petro no podrá utilizarlo para convocar elecciones.
En términos jurídicos y políticos, se trata de una de las derrotas más significativas del Gobierno desde su llegada al poder. Porque no solo se frustra un mecanismo que el presidente vendía como el salvavidas de sus reformas laborales —hundidas una y otra vez en el Congreso—, sino que se reafirma la tesis de que en Colombia todavía existen límites al poder, por más que se ocupen las altas esferas del Estado.
Lo ocurrido también representa una victoria para los sectores que han denunciado el talante autoritario del Ejecutivo. La senadora Cabal, convertida en una de las principales referentes de la oposición, logró no solo impedir una consulta inconstitucional, sino encender un debate nacional sobre los peligros de un Gobierno que desprecia la institucionalidad cuando le estorba.
Queda claro que este “decretazo”, como ya se le conoce, no solo violó el procedimiento, sino que dejó en evidencia el talante de un presidente que actúa como si el Congreso fuera un obstáculo que puede saltarse con la firma de un decreto.
La Corte Constitucional, que también podría pronunciarse más adelante sobre este asunto, tiene ahora la responsabilidad de mantener firme la defensa del orden constitucional. Mientras tanto, la suspensión decretada por el Consejo de Estado envía un mensaje claro: en Colombia, ni siquiera el presidente está por encima de la Ley. Y aunque Petro lo olvide, hay quienes —como María Fernanda Cabal— están dispuestos a recordárselo, con argumentos, con acciones legales y con la fuerza de la democracia.
