500 mil habitantes a merced del crimen: duro mensaje del gobernador de Caquetá
El mandatario departamental identificó a 16 presuntos cabecillas de una estructura al mando de alias Calarca, actualmente en negociaciones con el Gobierno, y advirtió que más de medio millón de habitantes siguen bajo amenaza por la suspensión de operativos militares.
A través de un comunicado publicado en la página oficial de la Gobernación de Caquetá, el gobernador del departamento lanzó un contundente mensaje de alerta frente a la reciente decisión del Gobierno Nacional de suspender las operaciones militares contra las disidencias de las Farc, en el marco de los acercamientos de paz con estructuras armadas ilegales.
El mandatario denunció con nombres y alias a al menos 16 presuntos cabecillas responsables de extorsionar y amenazar a la población del departamento, todos ellos —según su advertencia— pertenecientes a la estructura criminal liderada por alias Calarca, uno de los negociadores que actualmente participa en los diálogos con el Ejecutivo.
“¿Sabe usted quiénes son los principales actores que extorsionan de manera descarada en el Departamento del Caquetá?”, preguntó el gobernador en su publicación, antes de enlistar a los presuntos responsables. Entre ellos se encuentran alias Raúl, Marlon Díaz, Albeiro Ramírez, La Morocha (hermana de Urias), Erika (pareja de Calarca), Darwin, Anderson, Esteban o Pulpo, Champolio, Santiago, Auner o Juan Carlos, Caliche, Giovanny, Danilo Albizu (Raúl Reyes), Ítalo o el Diablo (Raúl Reyes), y César Guevara (Raúl Reyes). Todos estarían bajo el mando de alias Urias Perdomo, jefe regional de esa estructura armada.
“¿Y en qué coinciden? Todos pertenecientes a la estructura de alias Calarca”, señaló el gobernador, al tiempo que expresó su preocupación por el hecho de que esta misma persona esté sentada en la mesa de diálogo mientras sus subordinados continúan delinquiendo activamente en el territorio.
El pronunciamiento enfatiza que más de 500.000 habitantes del departamento se encuentran “a merced de estos personajes”, y cuestiona duramente la suspensión de operaciones en su contra. “El pueblo primero”, concluye el comunicado, marcando una clara distancia entre la posición del mandatario departamental y la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno Nacional.
La denuncia pública ocurre en un contexto de creciente tensión entre autoridades regionales y el Ejecutivo, ante los riesgos que implica el cese de operaciones contra grupos que, según múltiples informes de inteligencia y denuncias ciudadanas, continúan ejecutando acciones criminales como extorsión, secuestro y control territorial en diversas zonas del país.
