El Departamento de Policía Huila confirmó el hallazgo de Melani Scarlett Cuchimba, una adolescente de 14 años que había sido reclutada por las disidencias de las FARC en el municipio de La Plata, Huila.

Después de casi dos meses de cautiverio, la menor logró escapar y fue localizada en una vivienda de Popayán, Cauca.

Melani no fue la única que huyó. Según informaron las autoridades, otros cuatro menores de edad —tres niñas y un niño— desertaron el pasado 8 de noviembre de las filas del frente Hernando González Acosta, un grupo disidente de las FARC que opera en el Cauca. Los cinco menores fueron encontrados en el barrio La Campiña de Popayán y actualmente están bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De acuerdo con información preliminar, las menores fueron reclutadas forzosamente por miembros de las disidencias. Dos de ellas fueron interceptadas el pasado 6 de septiembre cuando se dirigían a su institución educativa en La Plata; otra niña fue llevada a la fuerza desde la vereda Santa Marta, y el niño fue reclutado en el municipio de Inzá, también en el Cauca.

Este caso se suma a una preocupante serie de reclutamientos forzados de menores en el departamento del Huila. La representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, había alertado recientemente sobre el incremento de estos delitos en la región. De Rivero señaló que al menos ocho niñas del Huila han sido reclutadas forzadamente por grupos armados ilegales en lo que va del año, entre ellas Melani Scarlett Cuchimba.

En un comunicado reciente, De Rivero hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que liberen a todas las menores reclutadas. “ONU Derechos Humanos hace un llamado frente al reclutamiento forzado de varias niñas en La Plata, Huila. Pedimos a los actores armados liberar sanas y salvas a niñas reclutadas forzosamente en el último mes en Huila, entre ellas Melanie, Leydi, Mauren, Lizet y Yadira”, declaró.

La problemática del reclutamiento forzado sigue siendo un grave desafío para las autoridades colombianas y los organismos de derechos humanos, quienes insisten en la necesidad de reforzar medidas de protección para los menores, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado.

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