María Fernanda Cabal radicó una queja disciplinaria contra Alfredo Saade, jefe de gabinete de Gustavo Petro, por promover una reelección presidencial que está expresamente prohibida por la Constitución. El silencio del presidente frente a este intento de ruptura institucional es, para muchos, igual de alarmante.

En Colombia no se necesita un tanque para amenazar la democracia. Basta con un funcionario sin votos, con poder prestado y un celular con internet. Alfredo Saade, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, ha decidido ponerse la Constitución de ruana y gritar a los cuatro vientos una propuesta que no solo es ilegal, sino peligrosa: la reelección presidencial.

Y no lo dijo una vez por error. Lo ha repetido. Lo ha escrito. Lo ha gritado. Lo ha defendido. Y por eso, la aspirante presidencial María Fernanda Cabal decidió pasar del escándalo al expediente: radicó ante la Procuraduría una denuncia disciplinaria contra Saade, por promover públicamente la reelección de Petro, lo cual viola de forma flagrante el artículo 197 de la Constitución y configura una “participación indebida en política” de un funcionario que ni siquiera fue elegido por voto popular.

“Saade actúa como activista de un proyecto inconstitucional”, escribió la líder opositora en su cuenta de X, con una claridad que ya muchos esperaban en el Congreso, mientras buena parte del país mira con desconcierto cómo desde la propia Casa de Nariño se empieza a cocinar el plato más venenoso para cualquier democracia: el continuismo.

El activismo desde el poder

No se trata de una frase sacada de contexto. El 22 de julio, Saade publicó desde su cuenta oficial el siguiente mensaje:

“La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente @petrogustavo. Lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026”.

Sí, leyó bien. “Repostulado en el 2026”. El jefe de gabinete del presidente de la República, en funciones, usando su investidura institucional para promover la reelección de un mandatario cuyo periodo constitucional termina en 2026 y que no puede aspirar nuevamente a la Presidencia bajo ninguna interpretación legal, ni literal ni retorcida.

Pero no fue solo un trino. Durante la instalación del nuevo periodo legislativo, mientras caminaba junto a Petro y Armando Benedetti, Saade gritó varias veces “¡Reelección!” frente a las cámaras y a los congresistas presentes. No fue un lapsus. Fue un mensaje. Uno claro: el proyecto de poder no quiere soltar la silla.

La ley, en blanco y negro

El artículo 197 de la Constitución no deja lugar a dudas: “No podrá ser elegido Presidente quien haya ejercido la Presidencia en cualquier tiempo”. Así de claro. Así de categórico. Y sin embargo, desde la mismísima oficina del gabinete presidencial, ese límite se empieza a cuestionar. A estirar. A ensayar.

Saade no es congresista. No tiene fuero. No tiene votos. Pero ostenta un poder de hecho que le permite marcar línea política dentro del gobierno. Y por eso, como lo señala la senadora Cabal, sus declaraciones no son opiniones personales, sino actos con consecuencias jurídicas y disciplinarias.

La Ley 1952 de 2019, en sus artículos 38, 39 y 60, establece con claridad que es falta disciplinaria grave la participación en política por parte de servidores públicos no facultados para ello. Y más aún cuando esa participación se hace para defender una causa abiertamente inconstitucional. Es decir, lo que Saade está haciendo no solo es indebido, sino ilegal.

¿Dónde está la Procuraduría?

El país está esperando respuestas. ¿Actuará la Procuraduría frente a este desafío abierto a la Constitución? ¿O se quedará mirando, como tantas otras veces, mientras desde el Palacio se juega con las reglas como si fueran plastilina?

Cabal fue tajante: “Le pido a la Procuraduría que revise su conducta, que a mi parecer infringe el artículo 197 de la Constitución”. Y tiene razón. Porque si se permite que funcionarios públicos, desde altos cargos del Ejecutivo, promuevan causas ilegales sin consecuencia alguna, el mensaje es devastador: el poder puede hacer lo que quiera.

Y aquí no se trata de Cabal, ni de Petro, ni de Saade. Se trata del respeto por las reglas del juego. Hoy es reelección. Mañana, ¿qué será? ¿Eliminación de la Corte? ¿Cierre del Congreso? ¿Una Asamblea Constituyente por decreto?

El globo de ensayo

Lo que Saade está haciendo es lanzar un globo. Medir reacciones. Ver hasta dónde puede tensarse la cuerda. Y si no hay respuesta contundente, vendrán otros. Porque el poder es adictivo, y cuando se prueba, se quiere más. Y Petro lo sabe. Por eso, aunque no ha hablado directamente de reelección, tampoco ha desautorizado a Saade.

El silencio del presidente también comunica. Comunica que, al menos por ahora, no le molesta que sus funcionarios lo postulen para un segundo round. Y si eso no preocupa, es porque ya nos acostumbramos al cinismo.

Lo que está en juego es mucho más que un cargo. Es la Constitución. Es el pacto democrático. Es el límite frente al autoritarismo de turno. Y por eso, la denuncia de María Fernanda Cabal no puede verse como una pelea política más. Es una alarma. Una advertencia. Un freno.

Porque si dejamos pasar este “¡Reelección!” como si fuera un chiste, el próximo grito puede ser el de “¡Asamblea Constituyente!”. Y ahí sí, que Dios nos coja confesados.

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