La promesa del Gobierno Petro de entregar un bono mensual a millones de adultos mayores queda en el aire: Colpensiones confirma que los recursos no existen.

A menos de una semana de la fecha prevista para la entrada en vigor del nuevo bono pensional solidario —uno de los pilares centrales de la reforma pensional promovida por el Gobierno Petro—, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, lanzó una advertencia que deja en evidencia la profunda improvisación fiscal detrás del proyecto: “No hay plata para pagar el bono de $230.000 pesos a los adultos mayores”.

La declaración, dada en medio de una entrevista sobre la implementación de la reforma, generó inmediato revuelo, ya que el bono debía comenzar a girarse desde el 1 de julio a más de 3,1 millones de nuevos beneficiarios, que se sumarían a los 1,7 millones ya cubiertos por el programa Colombia Mayor. Sin embargo, el alto funcionario reconoció que el giro depende de recursos que aún no están garantizados.

“No hay plata, pero no porque sea solo del pilar solidario, sino porque tiene que ser incluido en el Presupuesto General de la Nación del próximo año. El señor presidente ha ordenado que ese dinero se incluya en la propuesta de presupuesto del próximo año”, explicó Dussán.

La promesa que no llegó a tiempo

El bono solidario de $230.000 mensuales fue presentado como una de las grandes conquistas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Dirigido a personas mayores de 60 años (en el caso de las mujeres) y 65 (en los hombres) que no reciben pensión, este subsidio buscaba cerrar la brecha de cobertura del sistema pensional, mitigando la pobreza en la vejez.

También se incluyó un componente adicional para mujeres desde los 50 años y hombres desde los 55 que hayan perdido al menos el 50 % de su capacidad laboral. Según los propios cálculos del Ejecutivo, el número de beneficiarios aumentaría en más del 180 %, requiriendo una inversión superior a los $5 billones de pesos anuales.

Sin embargo, con la devolución al Congreso de la reforma por parte de la Corte Constitucional —por vicios de trámite en el Senado—, la medida quedó en el limbo jurídico y presupuestal. Aunque el presidente Petro ha instruido incluir los recursos en el próximo proyecto de Presupuesto General de la Nación, la incertidumbre persiste y, por ahora, no hay una fecha oficial para los giros.

Las reservas: ¿un salvavidas insuficiente?

Jaime Dussán sugirió que se podría anticipar el pago del bono utilizando las “reservas” que queden disponibles al cierre de 2025 en entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la propia Colpensiones.

“Que las reservas que resulten de este fin de año (…) sean giradas, devueltas a Prosperidad Social para que ahí se empiece a pagar a más número de viejos y viejas este aporte”, sostuvo el funcionario.

No obstante, expertos advierten que el uso de reservas puntuales no puede reemplazar una fuente de financiación permanente y estable para un programa de esta magnitud. El riesgo de generar expectativas insostenibles en la población más vulnerable está sobre la mesa.

¿Una nueva promesa sin respaldo?

Para analistas económicos, este episodio confirma que el diseño de la reforma pensional fue apresurado, sin un plan de financiamiento claro y con un cálculo político que priorizó el impacto mediático sobre la viabilidad fiscal.

“El bono solidario es una medida loable, pero no se puede anunciar una expansión masiva del gasto social sin tener asegurado el dinero. Lo que estamos viendo es improvisación con costos sociales muy altos”, aseguró un exfuncionario del Ministerio de Hacienda consultado por Tinta Indeleble.

Además, la posible financiación del bono con recursos del Presupuesto General de 2026 significa que la mayoría de beneficiarios no recibirán el subsidio este año, pese a las promesas reiteradas desde la Casa de Nariño. Mientras tanto, miles de adultos mayores en condición de vulnerabilidad seguirán esperando una ayuda que no tiene fecha concreta de llegada.

Un retroceso político y técnico

La advertencia del presidente de Colpensiones llega en un momento crítico para el Gobierno Petro, cuya reforma pensional ya enfrenta un escenario incierto tras el fallo de la Corte Constitucional que ordenó devolver el proyecto al Congreso por irregularidades en su trámite. Aunque el Congreso podrá reanudar su estudio en la próxima legislatura, el retraso impide la implementación inmediata de varias medidas sociales que se presentaron como “urgentes”.

En medio de la creciente frustración ciudadana, la falta de claridad financiera sobre el bono pensional se convierte en un nuevo revés político para el Gobierno, que ya enfrenta dificultades para sostener su agenda de reformas y lidiar con una economía debilitada por la baja inversión, el alto desempleo y el déficit fiscal.

Mientras el presidente insiste en mantener su promesa, la realidad fiscal que admite su propio equipo revela otra cosa: el bono para los adultos mayores está aprobado en el papel, pero no en la realidad.

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