viernes, diciembre 19 2025

La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal denunció que el gobierno de Gustavo Petro actúa con complacencia frente al narcotráfico. El comandante del Ejército reveló que no existe orden para erradicar cultivos de coca, mientras las mafias se fortalecen en regiones como el Cauca y Catatumbo.

A medida que el país se hunde en la espiral del narcotráfico, la senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del gobierno de Gustavo Petro y firme aspirante presidencial para 2026, volvió a encender el debate con una serie de trinos que retratan, sin eufemismos, una dura acusación: Colombia estaría al borde de convertirse en un narcoestado con la bendición silenciosa —o cómplice— del actual gobierno.

“Un gobierno narco. Un Estado a punto de serlo”, sentenció Cabal en su cuenta de X, en medio del creciente malestar nacional por el descontrol en los territorios donde reinan las disidencias, las masacres, los secuestros y el negocio de la cocaína. Sus palabras no son solo una reacción política: están respaldadas por una inquietante revelación hecha esta semana por el comandante encargado del Ejército, el general Erik Rodríguez, en una entrevista concedida a la Revista Semana.

Rodríguez confirmó que, a pesar de que en Colombia existen cerca de 300.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, el Ejército no está realizando operaciones de erradicación. ¿La razón? Una directriz del presidente Petro: no afectar al campesino en la cadena del narcotráfico. “No estamos erradicando, no hay una orden para hacer la erradicación. La política pública del gobierno colombiano en este momento va enfocada a la sustitución voluntaria”, dijo el general sin rodeos.

Para Cabal, esta política ha sido una trampa: “La producción de cocaína aumentó en los gobiernos de ‘la paz de Santos con las FARC’ y ‘la paz cocal de Petro’”, escribió, retomando uno de sus temas más recurrentes: la connivencia de sectores de izquierda con las economías ilegales. “La verdadera paz es la que se impone con el sentido común, la fuerza del Estado y el combate frontal a las mafias del narcotráfico que los izquierdistas protegen con su discurso”, denunció.

El diagnóstico de la senadora no es antojadizo. Las cifras del Ejército indican que, aunque han destruido más de 1.177 laboratorios de pasta base, la cocaína fluye sin freno desde regiones como El Plateado en el Cauca o el Catatumbo en Norte de Santander. En el Cañón del Micay, por ejemplo, “el 90 % de la población vive de la coca” y los soldados “caminan entre los cocales porque no pueden destruirlos”. Allí, la estructura Carlos Patiño, bajo el mando de alias Iván Mordisco, sigue dominando los territorios.

En ese contexto, Cabal lanzó otra advertencia contundente: “La paz cocal que alimenta la violencia con el silencio del gobierno Petro. Las masacres, tomas de poblaciones, secuestros, homicidios campean ante la mirada pasiva de un gobierno cobarde o complaciente”. Lo que para algunos puede sonar como retórica incendiaria, para otros es un reflejo certero del abandono estatal en las regiones más golpeadas por el crimen organizado.

La crítica se amplifica con otra inquietud que la senadora plantea: el papel de la “comunidad internacional”, usualmente presta a intervenir en debates sobre derechos humanos, pero, según ella, indiferente frente a la captura del Estado por mafias criminales. “¿Y la tal ‘comunidad internacional’? Bien, gracias. Solo para joder a la autoridad. Qué impotencia se siente…”, escribió en un mensaje que también interpela a los organismos multilaterales y a los gobiernos aliados que han invertido millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico.

En medio del debate, el gobierno mantiene su discurso sobre la necesidad de un enfoque “humanista” que priorice la sustitución voluntaria y el desarrollo rural. Pero en la práctica, este enfoque ha dejado vastas regiones bajo el control de estructuras criminales, alimentadas por una coca que ya no teme a la erradicación, ni a la fumigación, ni al Estado.

¿Es este un modelo de paz o una capitulación? ¿Es Petro un promotor de derechos o un rehén de los narcos? Cabal no duda en responder: “Increíble a donde nos llevó el gobierno degenerado criminal del cambio, y más increíble la vulnerabilidad y flaqueza de las instituciones”.

Su mensaje cala hondo en sectores del país que ven con desesperanza cómo el negocio de la droga sigue desangrando a Colombia, mientras desde el Palacio de Nariño se predican discursos de reconciliación que, en la práctica, han significado impunidad, expansión del narcotráfico y una degradación institucional sin precedentes.

El debate está servido. ¿Estamos frente a una estrategia audaz de transición o ante la claudicación definitiva del Estado? ¿Es la sustitución voluntaria una alternativa real o una excusa para permitir que el crimen florezca? Lo cierto es que, con cada hectárea de coca que no se erradica, el poder de las mafias crece. Y con cada palabra silenciada, Colombia se aleja más de la posibilidad de una verdadera paz.

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