Niño que delinque como adulto, paga como adulto: Cabal propone reforma para frenar uso criminal de menores
La aspirante presidencial María Fernanda Cabal propone que menores de 16 años puedan ser juzgados como adultos si cometen crímenes atroces, en una cruzada contra la impunidad y el uso de niños por parte de mafias.
Con su habitual tono directo, sin rodeos ni medias tintas, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal volvió a irrumpir en el debate público con una propuesta que sacude las entrañas del sistema penal juvenil colombiano: permitir que los menores de edad, a partir de los 16 años, puedan ser juzgados como adultos cuando cometan delitos de extrema gravedad. Su declaración no deja lugar a interpretaciones: “Niño que delinque como adulto, paga como adulto”.
La propuesta no es improvisada ni oportunista. Se trata de un eje programático que la líder opositora ha venido construyendo desde hace varios meses como parte de su visión de “orden sin impunidad”. Sin embargo, el reciente atentado contra el también precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay —en el que el autor del disparo fue un menor de apenas 14 años— se convirtió en el ejemplo más crudo y actual de por qué, según Cabal, Colombia ya no puede seguir ignorando la forma en que el crimen organizado instrumentaliza a los niños para evadir la justicia.
“Yo no prometo, yo me comprometo a impulsar una reforma que permita proteger a los niños de los criminales que los instrumentalizan para cometer crímenes”, expresó Cabal con la contundencia que caracteriza su discurso. Según ella, no se trata de una medida punitiva contra la infancia, sino de un acto de justicia y protección para los verdaderos niños víctimas de la guerra urbana y rural.
Tres pilares de una propuesta que desafía el statu quo
La iniciativa de Cabal tiene como eje central una reforma profunda al Código de Infancia y Adolescencia, que permita juzgar penalmente a menores de edad a partir de los 16 años cuando se cumplan ciertos requisitos: que el delito sea de alta gravedad —como homicidio, terrorismo, secuestro o abuso sexual agravado—, que haya plena conciencia del acto delictivo y que exista evidencia de reincidencia o vínculos con estructuras criminales.
El segundo pilar de la propuesta es el fortalecimiento institucional del ICBF y la Fiscalía para rescatar y proteger a los menores que ya están siendo utilizados por bandas criminales. En este punto, Cabal subraya que el enfoque no es únicamente sancionatorio, sino también preventivo y de protección.
Finalmente, propone endurecer las penas para los adultos que reclutan e instrumentalizan a menores para actividades delictivas, con el fin de cortar de raíz la estrategia mafiosa de convertir a los niños en escudos legales del crimen.
“Vamos a proteger a los verdaderos niños víctimas, desarticular las redes que los explotan y garantizar justicia para las víctimas de crímenes atroces, sin dejar vacíos legales que favorezcan a los criminales”, afirmó.
Un debate que el país ya no puede esquivar
La propuesta de Cabal, sin duda, divide aguas. Para algunos sectores, representa una necesaria actualización de un sistema legal que ha quedado rezagado frente a las nuevas formas de criminalidad. Para otros, se trata de una peligrosa puerta abierta a la criminalización de la infancia, que desconoce las condiciones de vulnerabilidad en las que muchos menores son reclutados.
Sin embargo, lo que resulta imposible de ignorar es que las bandas criminales —desde el Clan del Golfo hasta el ELN, pasando por las disidencias de las FARC y las pandillas urbanas— han encontrado en la impunidad de los menores un arma efectiva. La violencia ha dejado de ser un territorio exclusivo de los adultos. Hoy, un niño de 14 años puede cargar un arma, apretar un gatillo y desaparecer en el anonimato de un sistema que, al considerarlo “inimputable”, lo devuelve al mismo entorno criminal que lo formó.
¿Es Colombia capaz de asumir una reforma de este calibre?
María Fernanda Cabal, con su estilo directo y sin eufemismos, plantea una discusión que el país ha postergado por miedo a tocar lo “intocable”. Pero mientras la sociedad debate en los salones, en las esquinas de muchas ciudades los menores ya empuñan armas, no por juego, sino por encargo. “Proteger a los niños no es seguir ignorando lo que está ocurriendo. Es enfrentarlo con decisión y justicia”, concluye la precandidata.
Cabal no le teme al debate. Sabe que su propuesta polariza, pero también sabe que genera una conversación urgente. “Hay que decir las cosas como son. Los niños no nacen criminales, pero cuando los convierten en asesinos, el Estado no puede seguir actuando como si fueran víctimas eternas”, afirmó.
Lo que está en juego no es solo una reforma legal. Es la definición de qué entiende Colombia por infancia, por crimen y por responsabilidad. La pregunta ya no es si un niño puede matar. Es si el Estado puede —o debe— seguir actuando como si no lo hiciera.
