El gremio ganadero cuestiona los obstáculos judiciales que han entorpecido el proceso penal y denuncia una posible estrategia para favorecer la libertad de los responsables.
La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) alzó su voz de protesta frente a la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Sahagún (Córdoba), que dejó en libertad a Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, señalados y confesos responsables del asesinato del ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus trabajadores Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado, el pasado 10 de septiembre de 2024. Aunque Petro Almanza fue recapturado horas después, Soto Garcés continúa en libertad.
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, criticó duramente la actuación de la justicia, señalando que las múltiples dilaciones en el proceso judicial podrían haber sido parte de una estrategia para provocar el vencimiento de términos y así facilitar la libertad de los implicados.
“No se explica la actuación de la justicia en el caso de Esteban Urueta. Primero, el Juzgado Promiscuo Municipal de Chimá se declaró impedido; luego, el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún hizo lo mismo. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería declaró infundado dicho impedimento. ¿Buscaban ganar tiempo?”, afirmó Lafaurie.
Un crimen que estremeció al país
Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2024. Según la investigación, Petro Almanza y Soto Garcés asesinaron con arma de fuego a sus tres víctimas, incineraron los cuerpos y los enterraron clandestinamente. La brutalidad del crimen provocó una ola de indignación en el país.
El 31 de octubre del mismo año les fueron imputados cargos a los dos procesados y, meses después, el 26 de marzo de 2025, la Fiscalía verbalizó el escrito de acusación en audiencia formal. Según Lafaurie, el ente acusador ha actuado con diligencia; no obstante, los retrasos han venido desde los juzgados y otras entidades del sistema.
La audiencia que no fue y la omisión del Inpec
El pasado 6 de junio de 2025 debía realizarse la audiencia preparatoria del juicio, pero el Inpec no conectó al señor Soto Garcés, quien se encuentra recluido en la cárcel El Bosque, en Barranquilla. Esta omisión se suma a los obstáculos judiciales previos que han favorecido la dilación del proceso.
Además, Lafaurie cuestionó la actuación del procurador judicial I penal de Montería, Adolfo Toscano, quien ha solicitado aplazamientos mínimos que, en la práctica, generan retrasos significativos en el proceso.
“Curiosamente, el procurador ha insistido en esperar solo 10 minutos para conectar a los sujetos procesales, cuando se sabe que el Inpec normalmente tarda en hacer esas conexiones. ¿Está del lado de las víctimas o de los victimarios?”, se preguntó Lafaurie.
Llamado urgente a la acción institucional
FEDEGÁN exigió la designación de un agente especial del Ministerio Público que garantice los derechos de las víctimas, realice veeduría efectiva y evite nuevas maniobras dilatorias.
“El gremio ganadero y la familia de Esteban esperan que se haga justicia. Continuaremos acompañando este proceso para que los culpables sean castigados, a pesar de todas las estratagemas utilizadas para dilatar el caso”, concluyó el dirigente gremial.
La Federación recordó que este caso es un símbolo de los riesgos que enfrentan los ganaderos en las regiones y llamó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad, imparcialidad y compromiso frente a los crímenes que afectan a quienes trabajan por el desarrollo del campo colombiano.