«Los hijos no son del Estado»: estalla polémica por declaraciones del ministro de Salud sobre patria potestad
Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que la patria potestad de los menores de 18 años pertenece al Estado, una afirmación que desató críticas de sectores políticos y jurídicos, incluyendo a la senadora María Fernanda Cabal, quienes advierten tintes autoritarios en sus palabras.
Una nueva controversia sacude al gobierno de Gustavo Petro, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmara públicamente que «la patria potestad de todos los menores de 18 años es del Estado». La declaración, realizada en el contexto de una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla, ha sido interpretada por múltiples sectores como un intento de intervención estatal sobre los derechos de las familias.
«Todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado», dijo Jaramillo, en referencia a padres que supuestamente se han negado a vacunar a sus hijos. “Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Bienestar Familiar”, añadió.
Las palabras del ministro, lejos de pasar desapercibidas, encendieron una ola de críticas que cruzan sectores políticos, jurídicos y ciudadanos, muchos de los cuales ven en sus declaraciones una inaceptable confusión entre el rol protector del Estado y la figura legal de la patria potestad, consagrada en el Código Civil colombiano como un derecho exclusivo de los padres.
Críticas desde la oposición y sectores conservadores
El Partido Conservador Colombiano fue uno de los primeros en rechazar las declaraciones. A través de sus redes sociales, expresó su “vehemente rechazo”, advirtiendo que este tipo de pronunciamientos “traen a la memoria los sombríos ejemplos de regímenes autoritarios socialistas y comunistas que usaron el control y adoctrinamiento de los niños para sus fines políticos”.
Una de las reacciones más tajantes vino por parte de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien ha liderado la oposición a varias de las políticas sociales del gobierno Petro. “Ministro, los hijos no son del Estado”, escribió en su cuenta de X. La congresista también añadió:
“Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque, que las familias colombianas no están solas”.
Cabal ha sido una férrea defensora de los derechos de la familia como núcleo esencial de la sociedad y ha cuestionado reiteradamente lo que considera un avance del Estado sobre las libertades individuales y familiares. Sus declaraciones se han hecho virales, generando miles de reacciones en redes sociales.
Advertencias jurídicas y constitucionales
La exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, también se sumó a los señalamientos. Para ella, lo dicho por Jaramillo es “gravísimo” desde una perspectiva legal:
“La patria potestad en Colombia es solo de los padres, según el Código Civil. La afirmación del ministro no solo es falsa, sino peligrosamente autoritaria”.
Juristas consultados por medios nacionales coinciden en que el Estado sí tiene competencias para proteger los derechos de los menores, especialmente en situaciones de riesgo o negligencia, pero eso no implica que tenga la patria potestad, la cual está claramente definida en la ley como un derecho-deber de los padres o representantes legales.
¿Protección o control?
La polémica ocurre en medio de una preocupante situación sanitaria: Colombia ha registrado 70 casos de fiebre amarilla en lo que va de 2024 y 2025, con 33 personas fallecidas, de las cuales la mayoría eran hombres. El Ministerio de Salud ha iniciado campañas urgentes de vacunación, especialmente en zonas rurales, y ha manifestado que la negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos podría estar poniendo en riesgo la salud pública.
Sin embargo, el debate ya no se centra solo en la vacunación, sino en el modelo de Estado que el gobierno está promoviendo. Para sectores de la oposición, las palabras de Jaramillo son el síntoma de un proyecto político más amplio, que busca aumentar el control estatal sobre aspectos íntimos de la vida ciudadana, desplazando a la familia como primera institución social.
