Comisión de Acusaciones acepta denuncia de Cabal contra Petro por traición a la patria: ¿primer paso hacia un juicio político?
La aspirante presidencial asegura que Petro ignoró deliberadamente la crisis del Catatumbo mientras abandonaba el país, y ahora deberá enfrentar un proceso por traición, espionaje y prevaricato.
María Fernanda Cabal ha vuelto a sacudir el tablero político del país: la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le notificó oficialmente que avoca conocimiento de la denuncia que ella misma interpuso contra el presidente Gustavo Petro por los delitos de traición a la patria, espionaje, prevaricato por omisión e indignidad presidencial. El mensaje es claro: el presidente ya no está blindado.
“Petro no está por encima de la Constitución y la Ley”, escribió Cabal en su cuenta de X, dejando entrever que su ofensiva judicial va en serio y que no es una simple maniobra política.
La Comisión ha decidido estudiar formalmente los cargos, algo que rara vez ocurre con denuncias contra jefes de Estado. El hecho marca un precedente: por primera vez en el mandato de Petro, una acusación de este calibre comienza a tener forma procesal.
La denuncia no es menor. Según el documento radicado, se le imputa al presidente la flagrante omisión de su deber constitucional de proteger a los colombianos, especialmente durante la más grave crisis humanitaria y de seguridad que ha azotado recientemente al Catatumbo.
Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, la región fue devastada por enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y bandas narcoterroristas, dejando más de 53.000 desplazados, 100 asesinatos (incluidos líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz) y 25.000 personas confinadas.
Mientras las alertas de la Defensoría del Pueblo se multiplicaban, Petro y su ministro de Defensa abandonaban el país para asistir a una visita oficial en Haití. ¿Desidia o cálculo político? Para Cabal, es traición a la patria. Para sus detractores, oportunismo diplomático. Para sus críticos más severos, abandono deliberado de funciones.
La denuncia también hace referencia a un episodio aún más inquietante: la publicación en redes sociales de información reservada relacionada con operaciones militares contra el ELN, lo cual, según el artículo 463 del Código Penal, podría constituir espionaje. ¿Qué jefe de Estado expone a sus propias Fuerzas Armadas en redes sociales? ¿Qué tipo de liderazgo revela información sensible en medio de un conflicto armado activo?
“Próximamente seré citada para ampliar esta denuncia”, agregó Cabal, en lo que muchos analistas ya interpretan como un paso firme hacia un eventual proceso de juicio político. Si la Comisión avanza, el presidente podría enfrentar no solo un escándalo político de proporciones históricas, sino también la posibilidad real de ser declarado indigno para ejercer el cargo.
La pregunta que muchos se hacen ahora es si la Comisión de Acusaciones —conformada en su mayoría por aliados y congresistas complacientes con el Gobierno— tendrá el carácter y la independencia para llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias.
Hasta hoy, esta Comisión ha sido conocida por su inacción, su letargo y su papel casi decorativo. Pero si decide actuar con seriedad, este podría ser el principio de una tormenta institucional.
La senadora Cabal, reconocida por su tono frontal y sin concesiones, ha elevado el costo político del silencio: “La justicia tiene que actuar, aunque les incomode. Aquí no hay intocables”, afirmó aludiendo a los intentos del petrismo de minimizar las denuncias.
Desde el Gobierno, el silencio es ensordecedor. Ni el presidente ni su gabinete han salido a responder. Ni una línea de defensa, ni un contraargumento. La Casa de Nariño, que suele reaccionar con velocidad a cualquier ataque político, guarda silencio. Un silencio que, para muchos, es tan preocupante como revelador.
Esta denuncia podría convertirse en el mayor reto político del presidente Petro desde que llegó al poder. No se trata solo de una batalla jurídica, sino de una prueba de fuego para la democracia colombiana, donde el respeto por la ley debe estar por encima de la ideología.
¿Permitirá el país que se normalice la omisión presidencial frente a masacres y desplazamientos? ¿O será este el primer paso para exigirle a Gustavo Petro cuentas reales por su gestión?
La historia apenas comienza. Y lo que está en juego no es solo la presidencia de Petro, sino la credibilidad de las instituciones democráticas de Colombia.
