Gobierno Petro da un giro en la opción tarifaria: estratos altos asumirían la deuda
En una nueva controversia sobre el manejo de la crisis tarifaria en el sector eléctrico, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno Nacional ya no asumirá la deuda generada por la opción tarifaria, como lo había prometido en 2024 el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En su lugar, Palma planteó que sean los estratos altos (5 y 6), junto con el sector comercial e industrial, quienes asuman el pago de esta carga financiera.
La opción tarifaria fue una medida adoptada durante la pandemia para diferir el aumento en las tarifas de energía, evitando que los usuarios sintieran de inmediato el impacto del alza en los costos de generación. Sin embargo, esta decisión generó una deuda de aproximadamente $4,7 billones, de los cuales $2,8 billones correspondían a los estratos 1, 2 y 3. Inicialmente, el Gobierno Petro había asegurado que asumiría este monto para aliviar el bolsillo de los usuarios más vulnerables y garantizar la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía.
No obstante, con la caída de la Ley de Financiamiento en el Congreso –propuesta en 2024 y que incluía el salvamento de esta deuda–, el Gobierno ha cambiado su postura. Según Palma, su nueva propuesta busca que «los que más tienen, más deberían pagar».
Un viraje inesperado y una polémica en ascenso
El anuncio del ministro Palma ha generado una fuerte polémica en el sector eléctrico y entre analistas económicos. Para algunos expertos, el hecho de trasladar esta deuda a los estratos altos podría afectar la competitividad empresarial y generar una reacción adversa en la confianza de los inversionistas. Además, se cuestiona si esta medida será efectiva o si generará nuevas tensiones económicas en el sector energético.
“El ministro menciona la solidaridad como base del sistema tributario, pero esta no es una decisión fiscal, sino un cambio en las reglas del juego de un problema estructural que el mismo Gobierno había prometido solucionar”, afirmó un analista del sector energético.
Empresas distribuidoras y comercializadoras también han manifestado su preocupación por la incertidumbre que genera esta propuesta. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) y otras entidades han advertido en repetidas ocasiones que el retraso en el pago de la opción tarifaria pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema eléctrico y la capacidad de inversión para proyectos de expansión y modernización.
El impacto en la Costa Caribe y el debate político
La opción tarifaria afecta con especial intensidad a la región Caribe, donde las tarifas eléctricas han sido un tema de debate constante debido a los elevados costos y la crisis de las empresas prestadoras del servicio. De hecho, una de las principales razones por las que el Gobierno Petro había prometido asumir parte de la deuda era precisamente para aliviar la carga sobre los usuarios de estratos bajos en esta región.
El hecho de que la bancada Caribe en el Congreso no haya respaldado la Ley de Financiamiento –lo que en parte llevó a su fracaso– ha sido señalado por el ministro Palma como una decisión “en contra de los intereses del pueblo caribeño”. Sin embargo, sectores políticos han rechazado esta afirmación, argumentando que el Gobierno intentó “chantajear” al Congreso al incluir la opción tarifaria dentro de un paquete legislativo más amplio que tenía otras reformas fiscales polémicas.
Por ahora, la propuesta del ministro Palma sigue siendo un planteamiento en discusión y no una decisión definitiva. Sin embargo, con la crisis tarifaria aún sin resolver y la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema eléctrico, el futuro de la opción tarifaria se mantiene como uno de los temas más sensibles en la agenda política y económica del país.
La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno Petro logrará implementar este giro en su estrategia sin generar un impacto negativo en la economía y la confianza en el sector energético.
