María Fernanda Cabal denuncia a Gustavo Petro por traición a la patria ante la Comisión de Acusaciones
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente Gustavo Petro.
En el documento, la congresista acusa al mandatario de traición a la patria, espionaje y prevaricato por omisión, señalando su responsabilidad en el agravamiento de la crisis humanitaria en el Catatumbo.
Cabal sostiene que el Gobierno hizo caso omiso a la Alerta Temprana de Inminencia emitida por la Defensoría del Pueblo, que advertía sobre el incremento de la violencia en la región a manos del ELN, disidencias de las FARC y el EPL. Según la senadora, la inacción del Ejecutivo ha provocado el desplazamiento de más de 53.000 personas, el asesinato de al menos 100 ciudadanos y el confinamiento de cientos de miles en condiciones críticas. Además, la legisladora denunció que Petro divulgó información clasificada que podría haber comprometido la seguridad nacional.
«Petro no está por encima de la Constitución y la Ley. Debe rendir cuentas», manifestó Cabal en sus redes sociales, donde anunció la radicación de la denuncia y criticó la falta de acción del Gobierno frente a la crisis en el Catatumbo.
Acusaciones en medio de la crisis del Catatumbo
La denuncia de Cabal se suma a la presentada el pasado 6 de febrero por los representantes José Jaime Uscátegui y Juan Espinal, también del Centro Democrático, quienes señalaron a Petro por haber transmitido en vivo un consejo de ministros, en el cual el ministro de Defensa, Iván Velásquez, presuntamente reveló información sensible que podría haber comprometido la seguridad del Estado.
Mientras tanto, el Congreso sigue debatiendo la situación en el Catatumbo. El viernes 7 de febrero se realizó una audiencia pública en la que se discutieron los efectos de la violencia en la región y la respuesta del Gobierno. En la reunión participaron altos funcionarios como Augusto Ballesteros, director de la UNP; Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz; y Lilia Solano Ramírez, directora de la Unidad Nacional de Víctimas.
Durante su intervención, Patiño admitió la dificultad para reanudar las negociaciones con el ELN, asegurando que «tiene que haber una revolución interna en el ELN para que sea posible sentarse con ellos a la mesa». Su declaración evidenció la incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz en la región.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Raúl Salamanca, anunció a través de sus redes sociales que el Legislativo se concentrará en la comisión de seguimiento de la Conmoción Interior decretada por la crisis en el Catatumbo. Como consecuencia, no se citarán sesiones extraordinarias antes del 16 de febrero.
Implicaciones políticas y reacciones
La denuncia de Cabal contra el presidente Petro ha generado reacciones divididas en el ámbito político. Sectores de la oposición respaldan su acción y exigen que la Comisión de Acusaciones actúe con diligencia. Sin embargo, desde el petrismo se ha desestimado la denuncia, calificándola como una «estrategia mediática» de la senadora para fortalecer su imagen en la carrera presidencial.
Expertos jurídicos han señalado que, aunque la Comisión de Acusaciones es el único órgano con competencia para investigar al presidente, los procesos que allí se radican rara vez prosperan debido a la falta de independencia política y la ausencia de sanción efectiva. No obstante, la denuncia de Cabal podría presionar al Congreso para que incremente el escrutinio sobre las decisiones del Gobierno frente a la crisis humanitaria en el Catatumbo.
En medio de esta controversia, la situación en la región sigue deteriorándose. Las comunidades afectadas han exigido acciones concretas para garantizar su seguridad y asistencia humanitaria, mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre su estrategia de «paz total» y su capacidad para contener la violencia desatada por los grupos armados.
La Comisión de Acusaciones ahora tiene en sus manos una denuncia de alto impacto político. Queda por verse si este proceso avanza o si, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, quedará archivado sin mayores consecuencias para el presidente Petro.
