viernes, diciembre 19 2025

Siete exintegrantes de la antigua guerrilla aceptarán ante la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad por los secuestros perpetrados en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur del Chocó. La cita es el 28 y 29 de noviembre en Cali.

Los llamados a reconocer responsabilidad son: Édgar López Gómez, conocido como Francisco González o Pacho Chino; Jesucristo Jiménez Cuellar, Juvenal Rodríguez; Gustavo Arbeláez Cardona, Santiago Naya o Santiago Cepeda; Héctor Julio Villarraga, Gilberto Arroyave o El Grillo; Carlos Mario Cardona León, William o el Paisa; Diego Ardila Merchán, Leonel Páez, y Oswaldo Miguel Mendoza, Pacho Quinto.

Estos comparecientes de las extintas Farc-EP fueron imputados por la Sala deReconocimiento de Verdad de la JEP por su participación en crímenes de guerra de toma de rehenes, asesinato y crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, homicidio y desaparición forzada y otros crímenes internacionales no amnistiables (es decir, que no pueden recibir perdón judicial) cometidos en medio del secuestro, entre ellos, tortura, tratos crueles e inhumanos y desplazamiento forzado.

En el proceso judicial, también se identificó que el Bloque Occidental secuestró siguiendo tres patrones criminales: para financiarse, para forzar al Estado colombiano a intercambiar guerrilleros presos y para controlar los territorios donde operaban. Juan Carlos Ramírez, conocido como Miguel Pascuas o Sargento Pascuas, también fue imputado por estos crímenes, pero por su diagnóstico corroborado de “deterioro cognitivo asociado al envejecimiento o demencia en enfermedad de Alzheimer” la magistratura decidió trasladar su proceso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y no lo convocó a esta diligencia.

¿Por qué se convoca esta audiencia?

La primera Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de las extintas Farc-EP, se hizo en junio de 2022. Esa vez, siete exintegrantesdel último Secretariado de la antigua guerrilla aceptaron ser los máximos responsables de haber ordenado secuestrar a miles de personas en todo el país y por no haber controlado a sus subordinados frente al trato que les dieron a las víctimas durante el secuestro.

Luego, la JEP decidió descender en la cadena de mando para responder a las demandas puntuales de verdad de las víctimas y por las que no podían responder los exjefes del Secretariado. A lo largo de este proceso judicial, la Sala de Reconocimiento escuchó a 795 víctimas que hicieron observaciones sobre lo que dijeron 402 comparecientes de las extintas Farc-EP y recibió más de 1.200 observaciones escritas, en las que las víctimas exigieron que los comparecientes aporten verdad sobre lo que pasó y cómo se ejecutaron las órdenes proferidas por el Secretariado.

La Sala de Reconocimiento entonces decidió investigar a las siete estructuras con las que la antigua guerrilla se organizó a lo largo del territorio nacional e implementó su política secuestro en el país. La sala ya imputó como máximos responsables regionales a 10 exintegrantes del Comando Conjunto Central, que ya reconocieron en audiencia públicasu responsabilidad por los secuestros perpetrados en Quindío, Tolima y norte de Huila. Con esta segunda audiencia regional de reconocimiento del Bloque Occidental, la Sala profundiza en el esclarecimiento de los secuestros cometidos por las estructuras de la extinta guerrilla en Valle, Cauca, Nariño y sur del Chocó.

También fueron imputados por la JEP siete exintegrantes del Bloque Noroccidental porlos secuestros en Antioquia, sur de Córdoba, norte del Chocó, Caldas y Risaralda, quienes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazarla. Asimismo, la magistratura se prepara para imputar a quienes lideraron los secuestros a través del Bloque Magdalena Medio, Bloque Caribe, Bloque Sur y Bloque Oriental.

El Bloque Occidental y lo que significó para el país

La investigación desarrollada por la Sala indica que 227 de las 4.056 víctimas acreditadas en el Caso 01 señalan como presunto responsable de su secuestro al Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental. Hay, por lo menos, 60 hechos únicos de secuestros atribuibles a esta estructura de las Farc-EP en esta investigación. Algunos de ellos, secuestros de varias personas, como es el de los diputados del Valle o el de los trabajadores de la represa de Anchicayá.

En su periodo de máxima expansión, entre el año 2000 y el 2002, el Bloque Occidental llegó a tener 1.400 combatientes y 800 milicianos, distribuidos en cinco frentes rurales (6º, 8º, 29, 30 y 60), uno urbano (Frente urbano Manuel Cepeda Vargas,) dos columnas y dos compañías. Además, hasta el 2011 funcionaron en la misma área el Bloque Móvil Arturo Ruiz y la Columna Móvil Jacobo Arenas, de manera independiente, bajo la coordinación de Guillermo León Sáenz, conocido como Alfonso Cano y Pedro Antonio Marín, llamado también Manuel Marulanda.

Entre 1993 y 1999, el coordinador del Bloque Occidental fue Luis Édgar Devia Silva, conocido como Raúl Reyes. Le siguió Alfonso Cano, entre 1999 y 2011. Después de su muerte, el Comando Conjunto, el Bloque Móvil, y la Columna Móvil Jacobo Arenas se unieron bajo la figura de Bloque Occidental o “Bloque Occidental Alfonso Cano”, y quedó bajo la coordinación de Pablo Catatumbo Torres. Desde 1993, el segundo al mando fue Édgar López Gómez, Pacho Chino o Francisco González. Estos dos últimos han participado del proceso judicial ante la JEP.

El Bloque Occidental tenía la tarea de rodear y dominar Cali, así como controlar las vías que de esa ciudad llevan a Pereira, a Buenaventura y a Pasto. Asimismo, debía controlar los puertos de Buenaventura y Tumaco, en la Costa Pacífica, y las vías terrestres y fluviales que comunican la cordillera Occidental con el litoral pacífico.

La Sala identificó tres patrones criminales bajo los cuales operó este bloque. Secuestraron para controlar el territorio donde operaban, pero también para financiarse, pues debían sostenerse y enviarle 2.000 millones de pesos al Secretariado de las Farc-EP. También privaron de la libertad para forzar al Estado colombiano al intercambio de guerrilleros presos.

Las muertes de sus comandantes históricos como Alfonso Cano y Manuel Marulanda generaron una crisis de mandos en el Bloque Occidental. También se disminuyó por las muertes, bombarderos y capturas durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010. Con el Acuerdo Final de Paz, 800 combatientes y 600 milicianos del Bloque Occidental dejaron las armas y se sometieron a la JEP.​

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