Los arroceros, que generan casi 69.000 empleos en 23 departamentos, denuncian pérdidas millonarias y exigen respuestas directas del Gobierno. Con bloqueos en varias regiones del país, advierten que no levantarán las protestas hasta que sus demandas sean atendidas. Cabal, una de las principales voces de oposición, denuncia que el campo colombiano está siendo llevado a la quiebra mientras el Ejecutivo prioriza a sectores ilegales.

La senadora y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, criticó duramente al gobierno de Gustavo Petro por lo que considera una falta de apoyo al sector arrocero, mientras se destinan recursos a sectores ilegales y acuerdos con el ELN.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la líder opositora señaló: «El gobierno de Petro se preocupa por darle salud a los terroristas del ELN y por pagarle $1.280.000 a los cocaleros, pero ¿Qué pasa con los arroceros? El sector arrocero es vital para el país, generando 68.846 empleos directos en 211 municipios de 23 departamentos. Sin embargo, hoy los cultivadores enfrentan pérdidas de hasta $2.000.000 por hectárea. ¿Dónde está el apoyo para quienes alimentan a Colombia?».

El trino de Cabal responde al creciente descontento de los productores de arroz, quienes han iniciado bloqueos y concentraciones en diversas regiones del país en rechazo a la crisis que atraviesa el sector.

Los arroceros argumentan que, tras dos años y medio de negociaciones con el Gobierno Nacional, no han recibido respuestas concretas y denuncian que las reuniones han sido con funcionarios sin capacidad de decisión.

Los reclamos de los arroceros

El gremio arrocero, que juega un papel clave en la seguridad alimentaria del país, ha expuesto una serie de demandas urgentes, entre ellas:

  • Un ajuste inmediato en el precio del arroz en cáscara, ya que el actual valor de $185.000 por carga de 125 kg no cubre los costos de producción. Exigen un precio mínimo de $220.000 para garantizar la rentabilidad del sector.
  • Alivios financieros, incluyendo la reprogramación de deudas y la condonación parcial de capital e intereses.
  • Medidas de protección frente a los tratados de libre comercio, con salvaguardias que eviten la competencia desleal de las importaciones de arroz.
  • Investigaciones a la industria molinera para determinar si existen abusos de posición dominante.
  • Atención urgente a la crisis fitosanitaria en Zulia, que está afectando la producción en esa región.
  • Revisión de cobros por uso de agua y seguridad social, que han encarecido la producción.
  • Ajuste en los precios de la semilla certificada para garantizar su accesibilidad.
  • Protección a los cultivos de rotación, como maíz, soya y algodón, para evitar la competencia desleal con importaciones subsidiadas.

Los arroceros han expresado su frustración con la falta de atención por parte del Ejecutivo. «Nos están obligando a perder nuestras cosechas, a quebrar… y no queremos perder nuestras tierras», afirmaron en un comunicado.

Bloqueos en varias regiones del país

Como parte de las protestas, los arroceros han implementado bloqueos en puntos estratégicos de distintos departamentos. En Tolima, se registran cierres viales en Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación y Prado, así como en el cruce de la vía Líbano-Armero. En Huila, las manifestaciones se concentran en Campoalegre, Villavieja y la glorieta que da acceso a la vía Yaguará. En Meta, los bloqueos afectan la conexión entre Puerto López y Villavicencio, mientras que en Sucre han paralizado la Troncal de Occidente a la altura de San Marcos.

Según los líderes del paro, estas acciones son solo el inicio de una escalada en la protesta, que podría intensificarse si el gobierno sigue sin atender sus exigencias. «Nos mantenemos firmes en nuestro pliego de peticiones, con bloqueos y concentraciones en todo el país», advirtieron.

Un sector clave para la economía rural

El arroz es un alimento básico en la canasta familiar de los colombianos y un pilar en la economía rural. El sector genera 68.846 empleos directos en 211 municipios de 23 departamentos, lo que lo convierte en un renglón estratégico para la sostenibilidad económica del país. Sin embargo, los productores se enfrentan a un escenario de pérdidas que amenaza su viabilidad.

María Fernanda Cabal, quien ha sido una de las voces más críticas del gobierno Petro en temas agropecuarios, ha insistido en la falta de políticas que beneficien a los agricultores. La senadora sostiene que mientras el gobierno invierte en programas para beneficiar a los cocaleros y financia tratamientos médicos para los guerrilleros del ELN, los agricultores que trabajan por la seguridad alimentaria del país están siendo abandonados.

Silencio del Gobierno ante la crisis

Pese a la magnitud del paro y los bloqueos en distintas regiones, el Gobierno Nacional aún no ha dado una respuesta clara a las exigencias del sector arrocero. Los manifestantes han pedido la presencia de los ministros de Agricultura, Interior, Ambiente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la DIAN para negociar soluciones concretas. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido anuncios de un encuentro de alto nivel que atienda la problemática.

El descontento del sector primario con el gobierno Petro no es nuevo. Anteriormente, agricultores de otros sectores han denunciado la falta de garantías para la producción nacional, mientras que las importaciones siguen aumentando sin regulación. La situación de los arroceros se suma a la creciente percepción de abandono del campo colombiano.

Mientras la incertidumbre crece, los productores de arroz advierten que no cederán hasta recibir soluciones concretas. Con el paso de los días, la presión sobre el gobierno aumenta, y la crisis arrocera podría convertirse en otro punto crítico de tensión entre el Ejecutivo y los sectores productivos del país.

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