Decreto de la impunidad: Cabal pide anular norma de Petro que cambia los jueces que lo vigilan
La líder de la oposición presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el decreto 0799 de 2025, con el que el Gobierno busca que las tutelas contra el presidente ya no sean revisadas por magistrados del alto tribunal sino por jueces de circuito. Cabal advierte un intento de blindaje judicial inconstitucional.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cumplió su palabra y radicó una demanda de nulidad contra el Decreto 0799 de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia, el cual, según ella, busca alterar de forma inconstitucional el reparto de las tutelas que se interpongan contra el jefe de Estado.
“Como lo anuncié ayer, aquí está radicada la demanda de nulidad contra el decreto 0799, con el que Petro legisla en causa propia para que las tutelas en su contra sean decididas por jueces del circuito, o con igual categoría. No vamos a permitir que se altere el acceso a la justicia especializada con un decreto inconstitucional que vulnera la Constitución en su artículo 152 para garantizar impunidad a su favor”, afirmó Cabal en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando la declaración con copia del documento radicado ante el Consejo de Estado.
¿Qué dice el decreto y por qué genera polémica?
El Decreto 0799, firmado el pasado 9 de julio por el Ministerio de Justicia, modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual regulaba el reparto de las tutelas que se presentaran contra autoridades del orden nacional. Hasta ahora, las tutelas contra el presidente de la República eran asignadas al Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país, que cuenta con magistrados de alta experiencia y calificación.
Con el nuevo decreto, estas acciones pasarían a ser decididas por jueces del circuito o con igual jerarquía, lo que —a juicio de Cabal y juristas críticos del gobierno— representa un grave retroceso en términos de control institucional.
“Modificar por decreto quién puede fallar una tutela contra el presidente no es un simple ajuste técnico: es un intento burdo por rebajar los filtros judiciales y evitar el control de legalidad de sus actos”, aseguró un exmagistrado de la Corte Constitucional, consultado para este artículo.
Un acto que vulnera el principio de legalidad
La demanda interpuesta por Cabal sostiene que el decreto en cuestión viola principios constitucionales fundamentales como el de legalidad, el debido proceso, la reserva de ley y la separación de poderes. En particular, enfatiza que este tipo de decisiones no pueden adoptarse por vía reglamentaria, sino que requieren una ley estatutaria aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional, tal como lo ordena el artículo 152 de la Constitución.
“El presidente no puede, mediante un simple decreto, cambiar la estructura del poder judicial ni definir qué juez debe conocer de las tutelas contra su despacho. Eso es legislar por fuera del Congreso y en causa propia”, afirma la senadora en su escrito.
Además, argumenta que el traslado de estas acciones a jueces del circuito disminuye el estándar técnico y la independencia judicial que se requiere para revisar decisiones presidenciales, muchas de las cuales están relacionadas con políticas sensibles como la seguridad nacional, el orden público o la política exterior.
Riesgo de impunidad
La preocupación de fondo, según los demandantes, es que este tipo de modificaciones debilitan los controles sobre el poder ejecutivo y abren la puerta a que las decisiones del presidente queden sin revisión rigurosa, al ser conocidas por jueces con menor rango y experiencia que los magistrados del Consejo de Estado.
“No es casualidad que este decreto salga en un momento en el que se han multiplicado las acciones legales contra el presidente Petro por decisiones polémicas y abusos administrativos. Quieren desviar esas tutelas a jueces más ‘manejables’, más vulnerables a la presión política”, advirtió Cabal en declaraciones a medios radiales.
La senadora también solicitó medida cautelar de suspensión provisional del decreto, lo cual está contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), mientras el Consejo de Estado decide de fondo sobre la legalidad del mismo.
¿Golpe a la justicia o estrategia política?
Desde el gobierno aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial frente a la demanda. No obstante, críticos ven en esta medida una intención deliberada de quitarle al Consejo la competencia para frenar los abusos del Ejecutivo.
El debate es profundo y de largo alcance. En un país donde la independencia judicial es constantemente puesta a prueba, modificar las reglas del juego en favor del Ejecutivo es percibido como una amenaza directa a la democracia.
“Esto no es solo un tecnicismo jurídico. Es una alerta roja para la institucionalidad. Si permitimos que el Presidente escoja quién puede juzgarlo, entonces mañana también escogerá quién puede investigarlo, sancionarlo o aplaudirlo. Es el camino directo al autoritarismo”, sentenció Cabal.
La demanda apenas comienza su curso en el Consejo de Estado, pero ya ha dejado claro que, para la oposición, Petro no solo quiere gobernar sin contrapesos, sino también protegerse a sí mismo desde el poder, moldeando la justicia a su medida. La pregunta que queda en el aire es si las instituciones tendrán la solidez y el coraje para detenerlo.
