257 menores fueron reclutados por grupos armados en Colombia durante 2025
La Defensoría del Pueblo alertó que casi la mitad de los casos corresponde a población indígena y que las disidencias siguen siendo los principales responsables de esta grave infracción al Derecho Internacional Humanitario
El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las heridas más profundas del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento de menores, una práctica que constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y una violación sistemática de los derechos humanos.
Aunque la cifra es inferior a la reportada en 2024 —cuando se documentaron 651 casos—, la persistencia del fenómeno evidencia que los grupos armados ilegales siguen utilizando a menores de edad como parte de su estrategia de control territorial, financiación y expansión, especialmente en regiones históricamente golpeadas por la violencia y el abandono estatal.
Disidencias y estructuras armadas, los principales responsables
Según el informe correspondiente a 2025, el 47,1 % de los casos de reclutamiento fue atribuido al denominado Estado Mayor Central, seguido por disidencias sin especificar (15,6 %) y el ELN (11,7 %). También aparecen otros actores como el Ejército Gaitanista de Colombia (8,2 %), estructuras sin identificar (7,4 %), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (6,6 %) y la Segunda Marquetalia (3,1 %). El crimen organizado representa un porcentaje menor, con el 0,3 % de los casos.
Este panorama confirma que, pese a los discursos de desescalamiento y paz, las disidencias de las antiguas FARC siguen encabezando el reclutamiento de menores, consolidando su poder en zonas rurales y de frontera donde la presencia institucional es débil o inexistente.
Regiones más afectadas: el conflicto sigue concentrado en territorios vulnerables
El mapa de reportes por departamento muestra una fuerte concentración de casos en Cauca, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Arauca, regiones donde confluyen economías ilegales, disputas armadas y altos índices de pobreza multidimensional.
Solo en Cauca se registraron 93 casos, convirtiéndose nuevamente en el departamento más afectado. Le siguen Antioquia (25), Chocó (22), Valle del Cauca (10), Nariño (14) y Norte de Santander (10), entre otros. Estos datos reflejan cómo el reclutamiento forzado sigue siendo una práctica sistemática en corredores estratégicos del narcotráfico, la minería ilegal y el control de rutas.
Niños reclutados, niñas invisibilizadas
Del total de casos registrados en 2025, el 62 % corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 38 % son niñas y adolescentes, una cifra que, aunque menor, no deja de ser alarmante. La Defensoría ha advertido que, en muchos contextos, el reclutamiento de niñas está asociado no solo a funciones armadas, sino también a violencias basadas en género, esclavitud sexual y trabajos forzados dentro de las estructuras ilegales.
El comportamiento mensual de los hechos muestra picos significativos en junio (13 %) y una disminución progresiva hacia el cierre del año, con diciembre registrando apenas el 1 %. Sin embargo, las autoridades insisten en que estas variaciones no necesariamente reflejan una reducción real, sino posibles subregistros y dificultades de denuncia en los territorios.
Población indígena, la más golpeada
Uno de los datos más preocupantes del informe es el impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas. El 47 % de los casos de reclutamiento en 2025 corresponde a población indígena, lo que confirma una tendencia estructural que ya había sido advertida en años anteriores.
En contraste, el 45 % de las víctimas no se reconoce en ningún grupo étnico, mientras que el 8 % corresponde a población afrocolombiana. La Defensoría del Pueblo ha reiterado que el reclutamiento de menores indígenas representa no solo un crimen individual, sino una afectación directa a la pervivencia cultural y territorial de los pueblos originarios.
Una práctica que no da tregua
Las cifras comparativas con 2024 evidencian que, aunque hubo una reducción en el número total de casos, el reclutamiento forzado sigue lejos de erradicarse. En 2024, la Defensoría documentó que el 42 % de los casos estaba vinculado al Estado Mayor Central y el 29 % a disidencias sin especificar, cifras similares a las observadas en 2025, lo que demuestra la continuidad del fenómeno.
La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado urgente al Estado colombiano para reforzar la prevención, la protección de las comunidades y la atención integral a las víctimas, así como para garantizar el acceso efectivo a educación, salud y oportunidades en los territorios más afectados.
