Lo que está en juego es la seguridad nacional: Cabal exige suspender a oficial del Ejército y agente de la DNI
La senadora y precandidata presidencial pidió la suspensión provisional de un general del Ejército y de un funcionario de la DNI, citados en archivos de alias Calarcá. “Lo que está en juego es la seguridad nacional”, advirtió.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicó ante la Procuraduría una queja formal por las graves revelaciones de Noticias Caracol, que vinculan a un general del Ejército Nacional y a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con alias Calarcá, uno de los cabecillas más antiguos y activos de las disidencias de las FARC.
Según la Unidad Investigativa del noticiero, en los dispositivos electrónicos incautados al jefe guerrillero aparecieron menciones, posibles comunicaciones y referencias directas al general Juan Miguel Huertas y al funcionario de inteligencia Wilmar Mejía, hechos que para Cabal no solo representan un escándalo de proporciones mayores, sino una amenaza frontal al corazón del Estado.
“No puede haber silencio institucional”
La senadora fue categórica en su pronunciamiento:
“Lo que está en juego es la seguridad nacional. No puede haber ambigüedad ni silencio institucional frente a funcionarios que aparecen mencionados en archivos de una estructura terrorista. Colombia merece transparencia y verdad”, afirmó al radicar el documento ante el procurador Gregorio Eljach.
Cabal, quien ha centrado parte de su agenda presidencial en la defensa de la Fuerza Pública, subrayó que estas revelaciones comprometen la moralidad administrativa, erosionan la confianza ciudadana y exponen una fragilidad inquietante en los organismos encargados de proteger al país frente a amenazas internas y externas.
La solicitud: suspender de inmediato a los involucrados
En la queja radicada, Cabal pidió al Ministerio Público la suspensión provisional del general Huertas y del funcionario Mejía mientras avanzan las investigaciones, con el propósito de evitar la alteración de pruebas y proteger la integridad institucional.
El documento también detalla:
- La relación entre los hallazgos periodísticos y los posibles delitos y faltas disciplinarias.
- Las normas de la inteligencia militar y civil que habrían sido vulneradas.
- Un llamado a la recolección urgente de evidencia, incluidas comunicaciones, accesos digitales y reportes operacionales.
- Requerimientos formales al Ejército Nacional y a la DNI para entregar información completa, minuciosa y certificada sobre las funciones, desplazamientos y responsabilidades de los dos implicados.
Para Cabal, la falta de reacción o la minimización de estos hechos equivaldría a permitir que “las organizaciones criminales logren lo que buscan: penetrar al Estado y neutralizar su capacidad de defensa”.
Una alerta que trasciende la coyuntura
El tono de la precandidata fue inusualmente vehemente incluso para su estilo directo. Aseguró que la infiltración criminal en el Ejército y en la DNI “es una amenaza directa contra la estabilidad del país”, y advirtió que este no puede tratarse como un episodio menor ni como una simple especulación mediática.
“Colombia no puede permitir que quienes tienen responsabilidades de mando y de protección del Estado queden bajo la sombra de vínculos con estructuras criminales. La Procuraduría debe actuar con celeridad y firmeza”, concluyó.
La queja de Cabal llega en un momento crítico: el país debate la responsabilidad de los organismos de inteligencia, mientras que sectores de oposición y de la Fuerza Pública advierten que la desarticulación institucional —sumada a las políticas de negociación del Gobierno con grupos armados— habría creado un clima propicio para la penetración de actores ilegales.
Lo cierto es que el expediente Calarcá, lejos de cerrarse, sigue abriendo capas de preocupación. La Procuraduría deberá decidir, en los próximos días, si acoge las medidas solicitadas por Cabal y si inicia una investigación disciplinaria de fondo contra los dos funcionarios mencionados.
El tema ya tomó fuerza nacional. Y, como suele ocurrir cuando se toca la línea de flotación de las instituciones de seguridad, no habrá espacio para medias tintas.
