Precandidata exige a la Comisión de Acusaciones investigar si la campaña presidencial de Petro recibió apoyo de las FARC y de funcionarios del Estado.

La contienda política del país vuelve a sacudirse. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que en las próximas horas radicará una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, fundamentada en la investigación revelada por Noticias Caracol, que expone hechos que —según ella— “trascienden cualquier escándalo mediático y comprometen la integridad del sistema democrático”.

Según el documento que presentará Cabal, existirían indicios de una presunta financiación irregular durante la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño, con posibles aportes, gestiones o acompañamiento logístico provenientes de estructuras armadas ilegales de las FARC. La denuncia también señala la presunta participación de funcionarios del Estado que habrían actuado como intermediarios entre el entonces candidato y miembros del grupo armado.

“Una herida directa a la legitimidad democrática”

Para Cabal, estos hechos, de confirmarse, representarían una afectación “sin precedentes” a las reglas de juego electoral.
“Si se comprueba que Gustavo Petro recibió apoyo financiero, logístico o político de organizaciones armadas ilegales, estaríamos ante una de las mayores amenazas a la transparencia electoral en la historia republicana de Colombia”, advirtió.

La precandidata sostiene que el país no puede normalizar ni relativizar denuncias que afectan directamente la legitimidad del sistema democrático y la confianza ciudadana en los procesos electorales. “No es un tema de izquierda o derecha, es un asunto de ley, de institucionalidad y de respeto por las normas que nos rigen. El Presidente de la República no está por encima de la Constitución ni del Código Penal”, añadió.

Lo que pide la denuncia

La acción jurídica solicita determinar si los hechos revelados vulneraron disposiciones constitucionales, normas del Código Penal, la Ley de Financiamiento de Campañas y principios fundamentales como la legalidad, la igualdad en la contienda y la transparencia en el origen de los recursos usados para llegar al poder.

Cabal insistió en que el rol de la Comisión de Acusaciones es ineludible. “La institucionalidad no puede mirar hacia otro lado. La Comisión tiene la obligación de investigar, esclarecer y actuar. No hay prerrogativa presidencial que pueda blindar actos ilegales, si los hubo”, enfatizó.

El contexto político: un país en tensión

El anuncio se da justo en un momento de alta polarización, donde el manejo gubernamental de la seguridad, los retrocesos en las negociaciones con grupos armados y las fracturas internas del oficialismo han debilitado el liderazgo de Petro. Para la senadora, el país está frente a un escenario que exige respuestas institucionales contundentes y no explicaciones evasivas.

“No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de una investigación periodística seria, con testimonios y elementos verificables, que deben ser contrastados por la justicia”, señaló Cabal. “El Estado no puede permitir que campañas presidenciales sean permeadas por estructuras criminales que han desangrado al país por décadas”.

“Que ningún poder quede por fuera de la ley”

Finalmente, Cabal afirmó que su denuncia no es un acto político sino un deber democrático:
“Si quien hoy ocupa la más alta dignidad del Estado llegó allí con apoyo de grupos ilegales, el país tiene derecho a saberlo y la justicia tiene la obligación de actuar. Ningún poder, ni siquiera el presidencial, puede estar al margen del orden jurídico”.

Con la radicación de esta denuncia, se abre un nuevo capítulo de confrontación institucional y política que pondrá a prueba la capacidad del Congreso para asumir investigaciones que comprometen directamente al jefe de Estado. El país estará ahora pendiente de si la Comisión de Acusaciones decide avanzar o, como en tantas ocasiones, vuelve a quedar atrapada en el silencio.

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