Petro rompió la Constitución: Cabal denuncia penalmente a todo su gabinete
La senadora radicó denuncia penal contra los 19 ministros que firmaron el decreto que convocaba una consulta popular sin el aval del Senado. El Consejo de Estado ya suspendió la medida, en una contundente advertencia sobre el abuso de poder del gobierno Petro.
En un hecho sin precedentes, la aspirante presidencial María Fernanda Cabal lanzó una ofensiva jurídica y política contra el presidente Gustavo Petro y su equipo ministerial.
Este jueves, anunció la radicación de una denuncia penal contra los 19 ministros y altos funcionarios que suscribieron el polémico Decreto 0639 de 2025, mediante el cual se pretendía convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, sin cumplir con el requisito constitucional de obtener primero el concepto favorable del Senado.
“Esta actuación presidencial no solo es ilegal, sino un atentado contra el equilibrio institucional y el Estado de Derecho”, denunció Cabal en su cuenta de X. “Quienes participaron en esta irregularidad deben responder por sus actos ante la justicia”.
El decreto en cuestión, firmado el 11 de junio de 2025, contenía 12 preguntas orientadas a legitimar por vía popular las reformas laborales del gobierno, ante su rotundo fracaso en el Congreso. Sin embargo, como lo establece claramente el artículo 104 de la Constitución y la Ley 1757 de 2015, ninguna consulta popular puede ser convocada sin que el Senado de la República emita un concepto previo y favorable.
Y esa autorización no solo no existió: el 14 de mayo, la plenaria del Senado negó de forma explícita dicho aval. A pesar de ello, el presidente Petro y su gabinete insistieron en emitir el decreto, en lo que para la líder opositora constituye un acto deliberado de prevaricato por acción, es decir, de dictar una norma manifiestamente contraria a la Constitución, con pleno conocimiento de su ilegalidad.
La denuncia de la senadora no es solo política; es penal. En ella, Cabal argumenta que los ministros, al firmar el decreto, se convirtieron automáticamente en coautores del delito, como lo establece el artículo 115 de la Constitución: “Por el solo hecho de refrendar los actos del Presidente, se hacen responsables de ellos”. En consecuencia, estarían incurriendo en el delito contemplado en el artículo 413 del Código Penal: prevaricato por acción, que contempla penas de prisión de hasta 12 años, multas millonarias e inhabilidades para ejercer cargos públicos.
La gravedad de los hechos ha sido confirmada por el Consejo de Estado. El pasado 18 de junio, esa alta corte, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del Decreto 0639, reconociendo que el acto presidencial fue expedido sin cumplir los requisitos legales.
Una decisión que, para Cabal, valida la alerta que ella misma hizo desde el principio: “El presidente Petro violó abiertamente la Constitución, al desconocer la separación de poderes y proceder sin la autorización del Senado”.
El decreto suspendido se enmarca en una estrategia cada vez más autoritaria del Gobierno, que ha buscado imponer su agenda ideológica por vías extraordinarias, al ver frustrada su aprobación en el Congreso.
Para la senadora, este intento de consulta no es más que una jugada desesperada y peligrosa para forzar un respaldo popular frente a un proyecto impopular y regresivo.
“Petro no solo pretende gobernar sin Congreso, ahora pretende gobernar contra la Constitución. Lo que vimos con este decreto es el reflejo de un presidente dispuesto a pisotear las reglas del juego democrático cuando no le convienen”, afirmó Cabal.
La denuncia ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá investigar si los ministros incurrieron en prevaricato por acción. La lista de firmantes incluye a todo el gabinete: desde el ministro del Interior hasta el de Defensa, pasando por Hacienda, Salud, Trabajo y Agricultura, entre otros.
Cabal, una de las voces más firmes de oposición al actual Gobierno, advierte que este no será el único proceso judicial que enfrentará Petro por sus abusos de poder. “Este es solo el comienzo. Vamos a frenar jurídicamente cada intento del Ejecutivo de imponer su voluntad por encima de la Constitución. Aquí no hay impunidad para la arbitrariedad”.
El caso abre un nuevo frente de tensión institucional, en un contexto en el que la gobernabilidad de Petro se encuentra en su punto más bajo. Su gabinete, ya golpeado por escándalos, falta de gestión y fracturas internas, ahora queda en el ojo del huracán judicial por haber respaldado un decreto abiertamente inconstitucional.
A un año de terminar su mandato, Petro enfrenta no solo el fracaso político de su “Gobierno del cambio”, sino la posibilidad de que él y sus ministros tengan que responder ante los jueces por decisiones que traspasaron los límites de la legalidad.
Para Cabal, la defensa del Estado de Derecho no es negociable. Y frente al abuso del poder presidencial, su mensaje es claro: “El Gobierno que juega con la Constitución, tendrá que enfrentar las consecuencias. Esto no es una dictadura, esto sigue siendo una República”.
