Los que deben acusar, encubren: María Fernanda Cabal denunció penalmente a integrantes de la Comisión de Acusaciones
La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal denunció ante la Corte Suprema a tres congresistas por frenar la investigación sobre la presunta violación de topes en la campaña presidencial de 2022. Los acusa de prevaricato por omisión.
En un país donde los corruptos suelen tener padrinos y los tribunales duermen entre legajos de papel, la senadora María Fernanda Cabal decidió patear el tablero. Esta vez no fue con un discurso en el Capitolio ni con un trino incendiario: fue con una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra tres congresistas de la Comisión de Acusaciones —esa cueva de silencios que por décadas ha servido de tapadera para los poderosos.
Cabal acusa a Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo de prevaricato por omisión, por congelar deliberadamente una investigación por presunta violación de topes en la campaña presidencial. “No son negligentes, son cómplices”, sentenció.
La acción judicial, radicada ante la Corte Suprema de Justicia, constituye una afrenta directa a una de las instancias más desprestigiadas y cuestionadas del aparato legislativo colombiano: la Comisión de Acusaciones, conocida popularmente como la “Comisión de Absoluciones” por su crónica inoperancia para llevar a término investigaciones contra magistrados, presidentes y otros altos funcionarios.
Una omisión que huele a encubrimiento
El caso que detonó la denuncia de Cabal es el proceso identificado con el radicado No. 5914, relacionado con la presunta violación de topes en la campaña presidencial de 2022. Un escándalo que sacudió a la opinión pública y que, sin embargo, ha dormido el sueño de los justos en los escritorios de los representantes mencionados.
Para Cabal, no se trata de un simple caso de lentitud administrativa ni de negligencia ocasional, sino de una conducta dolosa, estructurada, y posiblemente concertada para proteger al actual presidente y enterrar el caso bajo montañas de papel y silencio cómplice.
“El país no puede aceptar que quienes tienen el deber de acusar se conviertan en cómplices del silencio”, sentenció Cabal en un pronunciamiento que no deja espacio para ambigüedades.
Y agregó, con la contundencia que la caracteriza: “La Comisión de Acusaciones debe proceder de inmediato para definir la permanencia de sus integrantes en el poder. Si no cumplen su deber, deben ser retirados”.
Delito grave, consecuencias severas
El prevaricato por omisión no es un asunto menor. De comprobarse, implicaría penas de prisión que oscilan entre 32 y 90 meses, multas de hasta 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 80 meses.
Pero más allá de las sanciones individuales, lo que está en juego —según Cabal— es la legitimidad misma del sistema judicial y legislativo colombiano.
“El deber funcional no es decorativo ni optativo”, remarcó la senadora. “Es un compromiso con el Estado de derecho, y cuando se incumple deliberadamente, no hay excusa, solo responsabilidad penal”.
La denuncia también deja entrever un mal endémico que ha corroído a la Comisión de Acusaciones por décadas: su captura política y su condición de barrera protectora de los poderosos, en lugar de instrumento de control efectivo. Los representantes denunciados, todos con filiaciones cercanas al oficialismo, son acusados de mantener engavetado un proceso de altísimo interés público y de consecuencias políticas profundas.
Un golpe al corazón de la impunidad
Con esta acción, María Fernanda Cabal se posiciona como la única voz en el Congreso dispuesta a enfrentar de frente a los guardianes de la impunidad. Mientras la mayoría guarda silencio o se refugia en tecnicismos procesales, ella lanza una ofensiva jurídica y política que desnuda las miserias del aparato legislativo y que busca provocar una reacción institucional urgente.
Su denuncia no solo busca castigar a los responsables de la omisión, sino también provocar una reconfiguración de la Comisión de Acusaciones, cuyo descrédito ya es irreparable ante la ciudadanía.
“La gente está harta de las comisiones que nunca investigan, de los informes que nunca concluyen nada, de los funcionarios que se eternizan en sus cargos sin hacer absolutamente nada útil para el país”, puntualizó Cabal.
Un escenario político más polarizado
Este nuevo episodio añade tensión al ya polarizado panorama político colombiano. Cabal, quien ha construido su perfil como la opositora más férrea al gobierno de Gustavo Petro, marca territorio como una figura decidida a quebrar los pactos de impunidad que durante décadas han protegido a las élites políticas de todos los colores.
La senadora no solo se juega una carta jurídica, sino también una ficha electoral. En medio de su campaña por la candidatura presidencial de 2026, esta denuncia consolida su discurso de mano firme, institucionalidad y cero tolerancia frente a la corrupción. Pero, al mismo tiempo, la expone a las retaliaciones de un Congreso que históricamente castiga a quienes desafían sus códigos de silencio.
¿Reaccionará la Corte Suprema?
La Corte Suprema de Justicia, institución señalada también por su morosidad en investigaciones contra aforados, tiene ahora la responsabilidad de responder. ¿Actuará con celeridad o se sumará al coro de la inacción que tanto critica Cabal? La denuncia ya está sobre la mesa, con pruebas, fechas y nombres. La pelota, como suele decirse, está en el tejado de la justicia.
Por ahora, lo cierto es que María Fernanda Cabal ha encendido una bomba de tiempo en el Congreso. Y sus ecos apenas comienzan a retumbar.
