Cabal denuncia ante la Procuraduría una presunta “toma ideológica” de la ANLA por parte del gobierno Petro
La aspirante presidencial alerta sobre posibles nombramientos de filósofos y teólogos en cargos técnicos clave dentro de la autoridad ambiental. Solicita investigación por violación del principio de mérito e idoneidad.
María Fernanda Cabal, una de las voces más contundentes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, radicó este miércoles una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue la reciente modificación del manual de funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Según la precandidata presidencial del Centro Democrático, dichos cambios permitirían el ingreso de perfiles profesionales sin formación técnica pertinente, como filósofos y teólogos, a cargos estratégicos en una entidad de naturaleza eminentemente técnica.
“Acabo de radicar una solicitud formal ante la Procuraduría para que investigue la modificación del manual de funciones de la ANLA con ocasión de la llegada de Irene Vélez, quien pretende nombrar profesionales en filosofía y teología. Como hicieron con el Ministerio de Minas y Energía, prefirieron la militancia sobre los expertos técnicos”, afirmó a través de su cuenta de X (antes Twitter), haciendo referencia a la polémica gestión de Vélez en su paso por el Ministerio de Minas.
La denuncia de Cabal está acompañada de un detallado documento en el que argumenta que la Resolución 000686 del 14 de abril de 2025, firmada por el entonces director encargado Edilberto Peñaranda, modificó los requisitos habilitantes para cargos como Subdirector Técnico, Asesor y Profesional Especializado, permitiendo el acceso a personas con títulos en Filosofía, Teología y áreas afines.
Esto, según la líder opositora, se hizo antes del nombramiento oficial de la nueva directora de la entidad, y con el claro propósito de “facilitar el ingreso de personas específicas” cercanas a la nueva dirección.
“La ANLA no puede convertirse en un fortín ideológico del gobierno”, manifiesta Cabal. “Esta entidad es responsable de emitir licencias ambientales que requieren rigurosidad técnica, jurídica y científica. Incluir carreras como Filosofía y Teología en perfiles diseñados para ingenieros, biólogos, abogados ambientales o economistas es una aberración institucional”.
Sustento de la investigación
La solicitud de investigación se sustenta en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 1952 de 2019, que regulan la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Cabal argumenta que permitir el acceso a cargos técnicos a personas sin la formación adecuada puede constituir una falta disciplinaria grave, en la medida en que viola principios como el de mérito, especialidad e idoneidad técnica.
“El artículo 6 de la Constitución es claro: los funcionarios públicos solo pueden actuar dentro del marco de competencias atribuidas por la ley. Aquí estamos ante una posible extralimitación de funciones orientada a beneficiar intereses personales o políticos”, señala el documento radicado.
Entre los cargos involucrados estarían la Subdirección Técnica, la Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental y el Despacho del Director General, áreas neurálgicas en el proceso de otorgamiento de licencias ambientales. La inclusión de perfiles no técnicos, advierte la senadora, podría comprometer la toma de decisiones en temas tan sensibles como la minería, los proyectos de infraestructura o el uso del agua.
Además, Cabal advierte que esta práctica ya fue observada durante el paso de Irene Vélez por el Ministerio de Minas y Energía, donde —según la senadora— se nombraron personas sin experiencia en el sector energético, privilegiando afinidades ideológicas sobre la experiencia técnica. “Se trata de una estrategia deliberada del petrismo para infiltrar el aparato estatal con militantes, despreciando el conocimiento técnico y profesional”, agregó.
En su solicitud, la senadora pide tres cosas concretas a la Procuraduría:
- Que investigue si el cambio en el manual de funciones tuvo como finalidad beneficiar a personas específicas con vínculos políticos o personales con la actual dirección de la ANLA.
- Que se determine si hubo un uso indebido del poder administrativo para desnaturalizar la función pública.
- Que, de comprobarse la falta, se impongan las sanciones disciplinarias correspondientes.
El caso ha generado una nueva controversia en torno a los criterios de selección de personal en entidades del Estado bajo el actual gobierno. Para muchos analistas, la denuncia pone sobre la mesa un debate urgente: ¿es posible garantizar una administración pública técnica e imparcial cuando los manuales de funciones son modificados para ajustarse a perfiles ideológicos?
Por su parte, el Ministerio de Ambiente no ha emitido una respuesta oficial, pero fuentes cercanas a la entidad aseguran que los cambios en el manual de funciones buscan “diversificar los enfoques interdisciplinarios” y “fortalecer la participación ciudadana”. Sin embargo, los críticos señalan que detrás de ese discurso se oculta un proceso de “cooptación ideológica” del Estado.
La Procuraduría General deberá ahora decidir si abre una investigación formal. De hacerlo, este caso podría marcar un precedente sobre los límites de discrecionalidad administrativa en la selección de personal y sobre el respeto al principio de mérito en la función pública.
