¡Viajando sabroso! Cabal destapa escándalo en el Ministerio de la Igualdad: casi $1000 millones en tiquetes aéreos
Mientras el Gobierno Petro amenaza con una nueva reforma tributaria, la aspirante presidencial María Fernanda Cabal denuncia millonarios contratos y decisiones que ponen en riesgo la economía y la diplomacia del país.
En medio de un creciente déficit fiscal y una economía debilitada que enfrenta amenazas de nuevas cargas tributarias, el llamado “Ministerio de la Igualdad”, liderado inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez, se ha convertido en un símbolo de despilfarro, ineficiencia e inconstitucionalidad.
Así lo denunció la precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien hizo pública una investigación que pone bajo la lupa el destino de los recursos públicos asignados a esta cartera.
Uno de los datos más alarmantes que reveló Cabal en sus redes sociales es la existencia de un contrato firmado entre el Ministerio de la Igualdad y la empresa “Turismo del Morrosquillo”, por un valor de 947.800.000 pesos, destinado exclusivamente a la compra de tiquetes aéreos, tanto en rutas nacionales como internacionales. Este contrato cubre un periodo de tan solo cinco meses, desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2025.
La pregunta que resuena en la opinión pública es inevitable: ¿cuáles son los logros concretos de un Ministerio declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, como para justificar semejante gasto en viajes?
Un ministerio inconstitucional
La crítica de Cabal no se detiene en el despilfarro. La senadora denuncia que el Ministerio, a pesar de haber sido declarado inconstitucional, continúa operando con total normalidad y con un presupuesto que supera el billón de pesos. Según cifras entregadas por ella, entre enero y abril de este año, el Ministerio solo ha ejecutado el 1,25 % de su presupuesto total. A este ritmo, añade la senadora, se tardarían más de 26 años en ejecutar los recursos que hoy tiene asignados.
“El Ministerio de la Desigualdad, como lo llamamos con justa razón, se ha convertido en un gasto burocrático innecesario, sin resultados tangibles y sin legalidad plena. Mientras los colombianos cargan con la inflación, la inseguridad y los impuestos, Francia Márquez y sus aliados se pasean por el país y el extranjero con casi mil millones en tiquetes”, señaló Cabal en sus declaraciones.
Ofensiva jurídica contra el decreto que prohíbe exportar carbón a Israel
Pero las críticas de la senadora no se limitan al mal manejo presupuestal. En otro frente, Cabal anunció que el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad que interpuso contra el Decreto 1047 de 2024, mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro prohibió la exportación de carbón a Israel.
“El presidente ha extralimitado sus funciones. Este decreto es una decisión unilateral, ideológica, y profundamente irresponsable. No solo atenta contra el principio de separación de poderes, sino que también compromete la estabilidad de sectores económicos estratégicos y el sustento de miles de familias colombianas”, advirtió Cabal.
Riesgos económicos y diplomáticos
Según la senadora, esta decisión vulnera la política exterior del país, históricamente basada en el respeto y la cooperación bilateral, y pone en riesgo una relación comercial que ha sido clave para sectores como el minero-energético.
El decreto, que fue defendido por el Gobierno como un acto de “coherencia moral” frente al conflicto en Gaza, ha sido ampliamente criticado por expertos y empresarios, quienes alertan sobre el impacto que esta medida puede tener en las exportaciones y el empleo en departamentos como La Guajira y Cesar, altamente dependientes de la industria del carbón.
En conjunto, los hechos denunciados por Cabal exponen lo que muchos sectores de oposición han calificado como un gobierno ideologizado, alejado de la legalidad y carente de resultados concretos. Mientras el país se prepara para una posible nueva reforma tributaria y la clase media se ve cada vez más golpeada por el costo de vida, el Gobierno sigue apostando por estructuras burocráticas costosas y decisiones diplomáticas de alto riesgo.
Las denuncias de Cabal abren nuevamente el debate sobre la responsabilidad fiscal del Gobierno Petro, el uso legítimo del poder presidencial y la necesidad urgente de rendición de cuentas. ¿Cuánto más puede resistir el país este tipo de gastos improductivos mientras se anuncian más impuestos? ¿Cuántas instituciones ineficaces deben crearse antes de que se prioricen verdaderas soluciones para la pobreza y la desigualdad?
Las respuestas a estas preguntas no solo corresponden a los entes de control, sino también a una ciudadanía cada vez más escéptica frente a un gobierno que prometió justicia social, pero parece empeñado en defender estructuras que no rinden frutos, que desangran el erario, y que comprometen seriamente la estabilidad jurídica y económica del país.
